Según la acusación que la Fiscalía presentó ante la Corte Suprema contra el suspendido gobernador Edwin Besaile, con la firma de dos letras de cambio por 4 mil cien millones de pesos, su hermano el exsenador preso Musa Besaile Fayad, cerró el acuerdo ilegal con el que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons se comprometió a apoyar económicamente la campaña de quien terminó siendo su sucesor, Edwin José Besaile, a cambio de la continuidad en el pago de coimas provenientes de las regalías y el desangre del sistema de salud por los tratamientos a pacientes hemofílicos que no existían.
Los detalles forman parte de la acusación de la Fiscalía contra el suspendido gobernador, a quien se le imputaron los delitos de peculado y concierto para delinquir.
Dentro de los mismos soportes investigativos del ente acusador se encuentra señalado que “en el segundo semestre de 2015 Alejandro Lyons, y Musa y Edwin Besaile se reunieron y concretaron los compromisos de este último a cambio del ya decidido y aceptado apoyo a la candidatura”.
El exgobernador Lyons, quien es hoy es testigo protegido del Estado Unidos entregó a Besaile al menos 2.000 mil millones de pesos en efectivo y para garantizar el pago del resto firmó dos letras de cambio por 2.200 y 1.900 millones de pesos.
Cuando Besaile se posicionó en el cargo en el año 2016 autorizó el pago de 1.500 millones de pesos al Instituto Prestador de Salud San José de la Sabana por la supuesta atención médica a 14 pacientes de hemofilia.
En este sentido la Fiscalía manifestó que, “para el momento en que se efectuó el pago de la referida cuenta, eran conocidas al interior de la Gobernación las irregularidades presentadas en la cancelación de acreencias a la IPS por servicios médicos prestados a falsos pacientes hemofílicos”.
Fue por eso que la Contraloría desde finales de enero del mismo año comenzó a notificar a Edwin Besaile, sobre la auditoría a los Recursos del Sistema General de Participaciones –SGP– vigencia 2015 y solicitando información sobre los pagos realizados a las distintas IPS.
Solo hasta el 4 de mayo, al suspendido gobernador fue notificado a través de un documento del órgano de control fiscal que hacía referencia a un pago cercano de 3 mil millones de pesos a la IPS Unidos por su Bienestar por los servicios supuestamente prestados a 28 presuntas personas hemofílicas.
La Fiscalía determinó que dichos pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio pues los diagnósticos de los pacientes no estaban realizados por el profesional que aparecía en los documentos de las historias clínicas.
Además el laboratorio que supuestamente estaba encargado de realizar los exámenes clínicos a estos pacientes no prestó el servicio y los presuntos pacientes manifestaron no padecer la enfermedad de hemofilia por lo tanto no recibieron dichos tratamientos.