Se empezaron a conocer detalles en el fallo de 48 páginas que hizo la Corte Suprema de Justicia para condenar al exfiscal Gustavo Moreno, tras conocerse que exigía dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por entorpecer las investigaciones en su contra.
«Abusando de su condición de servidor público, como director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción, exigió a Alejandro Lyons dinero a cambio de entorpecer las actuaciones judiciales que se adelantaban en su contra, para lo cual emprendió una serie de comportamientos, ya referidos, orientados a atemorizar a la víctima a fin de que cediera a sus pretensiones”, reza una de las páginas del largo escrito.
Este capítulo que destapó el mismo exgobernador, luego de comprometerse a colaborar con la justicia, tiene tras las rejas a varios implicados en el denominado Cartel de la Toga, el escándalo que salpicó a abogados, fiscales y magistrados que pedían dinero a cambio de poner a ‘dormir’ los procesos en contra de varios cordobeses.
En la misma sentencia, la Corte argumentó que personalmente y a través de su amigo, el abogado Leonardo Pinilla, quien también busca un principio de oportunidad, le exigieron entre febrero y marzo del 2017 a Lyons 100 millones de pesos a cambio de ayudarle a obstruir las investigaciones que se adelantaban en su contra por el ‘cartel de la hemofilia’ y el desfalco de las regalías.
Esas exigencias están sustentadas en declaraciones que rindieron dos agentes de la DEA y uno del CTI que dan cuentan de las presiones que recibió Lyons y otras en las actas de los comités técnicos en los que los fiscales anticorrupción le daban información a Moreno sobre cómo iba el caso en Córdoba y las interceptaciones telefónicas a las conversaciones que Lyons sostenía con el abogado Pinilla, conocido en esta sección del país con el alias de Porcino.
Para la Corte, no hay ninguna duda que Moreno filtró la información de los comités técnicos a los medios de comunicación para “amedrentar a Alejandro Lyons y presionarlo para que accediera a su ilegal petición económica”. Además, asegura el fallo, “usó la información que tenía para presionar a Lyons a fin de que le entregara un dinero”.
El magistrado Luis Antonio Hernández dice en su ponencia que “para infundir mayor temor en su víctima y conseguir su ilegal propósito económico, Moreno Rivera le indició que dos personas privadas de la libertad por hechos vinculados a las regalías de Córdoba, esto es Maximiliano García Bazanta y Jesús Eugenio Henao Sarmiento, estaban procurando un principio de oportunidad a cambio de declarar todo cuanto sabían sobre su responsabilidad penal”.
Este es solo un capítulo de lo que vendrá en materia de corrupción judicial, pues los implicados en el Cartel de la Toga están buscando acuerdos judiciales para denunciar todo lo que saben. Por lo pronto Moreno fue condenado a un poco más de cinco años de prisión.