El poder que hasta hace poco ostentaban los hermanos Jhonny, Musa y Edwin Besaile Fayad, tres de los cuatro que incursionaron en el mundo político, empezó a derrumbarse como un castillo de naipes.
Dicen que no hay enemigo pequeño y detrás de las decisiones judiciales de los últimos días está el nombre del exgobernador Alejandro Lyons, quien los persigue como un «fantasma» por cada rincón que pisan.
«La pelea estaba cazada desde el principio de la administración del gobernador Besaile y estamos seguro que no va a terminar aquí», dijo una fuente política que conoce los odios que se han desatado entre las dos familias que antes compartían manteles.
Procuraduría y Fiscalía
La situación del gobernador Edwin Besaile no es sencilla. Por un lado, la Procuraduría General de la Nación decidió suspenderlo por tres meses del cargo y por el otro, será imputado por la Fiscalía por los delitos de peculado y concierto para delinquir.
Detrás de ambos está Lyons, quien se convirtió en el principal delator y quien aportó unos documentos en los cuales se estaría demostrando la entrega de cuatro mil millones de pesos.
Lo que vendrá ahora será la designación de un gobernador «cachaco», que viene designado por el gobierno nacional a presidir un proceso electoral de los más álgidos que se vivirán en Córdoba.
Justo el lunes, el tercero de los Besaile deberá asistir al Tribunal Superior de Bogotá para responder por el pago de 1.500 millones de pesos por falsos pacientes de hemofilia.
Pese a que ha venido señalando que fue él quien denunció los actos de corrupción y frenó el pago de más de 100 mil millones de pesos, producto de actos de corrupción, la Fiscalía solicitará medida de aseguramiento.
Esa fue una de las razones para que se ordenara la suspensión provisional, pues el órgano disciplinario consideró que el gobernador Besaile podría interferir con el trámite de la investigación, teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS.
Hay que indicar que la Procuraduría también vinculó a la investigación a Ruby Esther Durante Ramos, representante legal de la IPS San José de la Sabana S.A.S. y a Claudia Silva Ramos, gerente de la IPS San José de La Sabana S.A.S. , a los médicos auditores Juan David Náder Chejne, Adalberto Carrascal Barón, Eberto Saenz Vega, Julio Hernández López, Marcela Suárez Luna, Cely Carriazo Díaz y Mayda Gómez Ochoa, quienes hicieron parte del Comité Técnico Científico que en 2014 autorizó la atención a los falsos pacientes con hemofilia.
Los otros líos de Jhonny
No solo el gobernador está en serios apuros. La situación empezó a complicarse para el aspirante al Senado Jhony Besaile.
Los medios de comunicación nacional lo han fustigado por las ganas de ostentar el poder y por ser el congresista que continuará el legado de su hermano.
El mismo procurador Fernando Carrillo dijo que los dineros de la corrupción en Córdoba servirán para financiar las campañas de los que se timaron el presupuesto del departamento.
En este escenario vuelve y aparece el «fantasma» de Lyons, quien dijo en entrevista con la W que Jhony tenía líos pendientes con la justicia.
La «mala suerte» de Musa
Como si fuera poco todo lo que les ha ocurrido, ahora la Corte Suprema de Justicia le negó al exsenador Musa Besaile la posibilidad de practicar nuevas pruebas en el caso del denominado cartel de la toga.
Decidió cerrar esa fase y ahora analiza si lo llama o no juicio, hecho que sin duda alguna ha generado múltiples expectativas entre sus seguidores.
Su captura también tiene estrecha relación con la colaboración que Lyons ofreció a la justicia, pues la Corte cita las declaraciones en donde el exgobernador explicó que existía un fondo común alimentado por la corrupción administrativa de Córdoba, y que correspondía a pagos realizados por contratistas.
Dijo Lyons que con Musa acordó una comisión por 12.000 millones sobre 80.000 millones en contratos con cargo a la ciencia y tecnología del departamento, pero por un problema que se presentó con las pólizas y la posterior desaparición del exdirector de regalías, Jairo Zapa, solo se alcanzaron a pagar 1.900 millones, suma que les entregó el contratista y hoy sindicado de ser el determinador de la muerte de Zapa, Jesús Henao a Sami Spath.
También aseguró que tenían una letra firmada por ese valor y que todos esos documentos fueron entregados en el proceso de colaboración con la justicia.
La situación es complicada para la mayoría de los cordobeses que han tenido que soportar el estigma de estar en uno de los departamentos más corruptos del país, pero más aún para los hermanos Besaile, quienes pasaron de la gloria a la desgracia.