El abogado Jaime Granados, defensor del suspendido gobernador Edwin Besaile, trabaja a marcha forzada con el fin de jugarse la última carta y evitar que su cliente sea enviado a la cárcel, luego que la Fiscalía le imputara cuatro delitos.
Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Elda Patricia Correa, hubo una «alianza criminal» entre el exgobernador Alejandro Lyons, el suspendido mandatario Edwin Besaile y su hermano el senador Musa Besaile para repartirse los dineros producto de la corrupción con los recursos de regalías y del sistema general de participaciones.
La funcionaria explicó que la investigación partió con el traslado de un informe de hallazgos de la Contraloría de la vigencia 2016, en el que se evidenciaba el pago de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana, para el tratamiento de la hemofilia a 14 pacientes falsos, a los que les habían adulterado su historia clínica y los exámenes de laboratorio.
El gobernador de los cordobeses reconoció que el pago efectivamente se hizo, pero aseguró que fue una decisión del entonces secretario de Salud, Jaime Pareja, quien tenía todas las facultades para el manejo presupuestal y que esa cuenta venía en un proceso desde la administración anterior.
Sus razones no fueron suficientes para la fiscal, quien pidió cárcel para el mandatario, aduciendo que podía entorpecer el proceso o fugarse del país.
El pago que lo compromete
La prueba reina que tiene la Fiscalía es el pago que hizo a la IPS San José de la Sabana, una de las entidades que formó parte de la estafa a los recursos de la salud.
Advierte que ese pago destinado al cartel de la hemofilia era parte de lo acordado para repartirse por partes iguales entre Lyons y Musa Besaile el botín de la salud y de allí justamente financiaron parte de la campaña del arquitecto Edwin Besaile, según reposa en el expediente del ente investigador.
«El candidato Edwin Besaile recibió entonces 2.200 millones para su campaña y los recursos eran producto de la corrupción, hecho que este no desconocía», señala la Fiscalía.
Reconoce que efectivamente que el 6 de febrero de 2015, cuando era Lyons el gobernador, la IPS pasó cuenta de cobro por 1.525 millones por servicio a los 14 pacientes, pero que Edwin Besaile, siendo gobernador desde el primero de enero de 2016, hizo efectivo el pago pese a que la Contraloría había comunicado en varias oportunidades distintos hallazgos que alertaban sobre el manejo irregular de los fondos del sistema general de participación.
Lo habían advertido
En la audiencia de imputación de cargos, Besaile no pudo demostrar que desconocía la existencia del cartel de la hemofilia en el departamento de Córdoba.
Las pruebas del mencionado organismo, incluidas en el expediente, establecen que entre enero y abril de 2016 la Contraloría envió oficios al gobernador Edwin Besaile en los cuales le solicitaba información detallada sobre los dineros del sistema general de participación y los recobros.
“Antes del pago de la cuenta el gobernador contaba con suficientes advertencias efectuadas por la Contraloría, no obstante la administración en cabeza de Besaile procedió a autorizar el pago”, señaló la Fiscalía.
En el mismo expediente reza que el 25 de abril de 2016, la Gobernación solicitó presupuesto para el pago de la cuenta y el 23 de mayo se expide orden de pago por valor total de 1.426 millones de pesos, sin tener certeza del servicio, porque varios de los pacientes confirmaron luego que nunca lo habían recibido y que la IPS nunca compró los medicamentos que dicen haberles entregado.
El próximo 16 de febrero es el plazo que tiene el abogado Granados para desmontar con pruebas, el acervo probatorio entregado por la Fiscalía y si no logran hacerlo, lo más seguro es que el suspendido gobernador Edwin Besaile vaya a la cárcel.