Varios aspirantes a la Cámara y al Senado denunciaron que no pueden hacer política en los distintos territorios de Córdoba porque grupos al margen de la ley les han impedido el acceso a algunos territorios.
Esa versión se compagina con la advertencia hecha por la Misión de Observación Electoral, MOE, la cual ha señalado que en Córdoba hay un alto riesgo en el próximo proceso electoral y que además de fraude podría presentarse constreñimiento al elector.
Los 14 municipios señalados por la Misión son Canalete, Puerto Libertador, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, San José de Uré, Tierralta y Valencia, que son los que se ubican en alerta roja.
Efectivamente, el alcalde de Canalete, Armando Lambertínez, denunció que en la zona rural de la localidad, las bandas criminales han impedido el acceso de los candidatos sin antes pedir permiso al comandante del área y firmar un acta compromisoria que garantice la ejecución de una obra o el pago de un monto por adelantado, para la supuesta ejecución de una obra de beneficio para la comunidad.
Aunque el municipio de San Pelayo no aparece en el listado de riesgos, se conoció que en uno de sus corregimientos no se permitió adelantar una manifestación política, pues algunos ‘emisarios’ señalaron que no habían pedido permiso para su realización.
También ocurrió en el corregimiento de Bongamella, lo cual hace presumir que la situación en Córdoba está muy delicada y que están volviendo las épocas en las que los grupos armados determinaban cuáles eran los únicos candidatos que podían entrar a sus territorios.
Toda esa información se contrapone con la señalada por la gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, quien luego de presidir un Comité de Seguimiento Electoral, junto al Ministro del Interior, afirmó que no habrá traslado de ningún puesto de votación y que se están tomando las medidas preventivas necesarias para garantizar la normalidad antes y durante el proceso.