Las asiduas visitas a diferentes alcaldías de la zona costanera, por parte de una mujer que al parecer funge como veedora ciudadana en la ciudad de Cartagena, mantiene en alerta tanto a las comunidades étnicas como a veedores ciudadanos y funcionarios públicos de las administraciones. Y es que las actuaciones anteriores del personaje para ellos deja mucho que decir, por lo que literalmente se mantienen en «alerta».
La «seductora» mujer, Laura Cantillo, se pasea por las alcaldías ofreciendo servicios de asesorías en distintos temas. Además dice tener «buenas relaciones» con funcionarios de organismos de control del departamento de Córdoba. Así mismo se presenta acompañada de un grupo de hombres que ella hace llamar interdisciplinario. Lo curioso es que la mujer en algunas alcaldías en ocasiones ha logrado hasta convocar a los secretarios de despacho a consejos de gobierno, funciones que exclusivamente son del resorte de los alcaldes. También al parecer ha venido persuadiendo a veedores para que le colaboren en supuestos proyectos relacionados con el medio ambiente y en los que tendría intereses económicos particulares.
La situación preocupa a los lideres comunales ya que la «encantadora» mujer apareció de la noche a la mañana y al parecer ejerce demasiada influencia en administraciones como en la de San Antero.
La alerta de los comunales se basa en que la fémina ya ha sorteado situaciones ilegales como por ejemplo en el año 2012 cuando actuó como una supuesta sindicalista, defensora de derechos humanos y representante de poblaciones étnicas, y gozaba de protección desde junio de ese mismo año, cuando denunció amenazas en su contra por su actividad en defensa de los derechos fundamentales. En tal sentido la Unidad Nacional de Protección en ese momento le entregó un carro blindado y le asignó dos escoltas.
La sorpresa se produjo en el mes de septiembre de año siguiente es decir 15 meses después, cuando tras un nuevo estudio de seguridad, se determinó que el riego de ella era ordinario, por lo que le quitaron la protección. Se descubrió que la mujer que ahora frecuenta las alcaldias de la zona costanera de Córdoba, le había entregado el carro del Estado a un acreedor a quien ella le debía 14 millones de pesos por un negocio inmobiliario, y que fue entregado por cinco millones. También se descubrió que uno de los escoltas pagados por el Estado era su esposo.
Así las cosas según los preocupados ciudadanos lo único cierto es que varios alcaldes estarían haciendo caso omiso del conocido refrán «Guerra avisada no mata cojo». Más teniendo en cuanta que en la oportunidad fue el mismo jefe de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar quien denunció el caso ante la Fiscalía el presunto delito de fraude de subvenciones. Más cuando se conoce de la existencia de grabaciones en las que supuestamente se le escucha a la mujer hacerle propuesta a algunos líderes cívicos para realizar negocios dudosos.