En el marco de la segunda Mesa por la Protección a la Vida, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Fernando Carrillo anunció que se abrieron 30 investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, entre los que se encuentran alcaldes y gobernadores.
Lo anterior obedece a que, según la entidad, dichos funcionarios no tomaron las medidas necesarias para evitar los asesinatos de líderes sociales.
El desarrollo de la segunda Mesa por la Protección a la Vida se llevó a cabo en Apartadó, Antioquia y se convirtió en el primer encuentro que tuvo el nuevo Gobierno Nacional con las organizaciones sociales del orden regional y nacional, en donde se dieron a conocer las acciones que se pondrán en marcha en cuanto a la prevención y protección de los líderes sociales amenazados por estructuras armadas ilegales.
«Seguimos avanzando en más de 30 investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos que violan derechos humanos, que han estigmatizado a los líderes sociales y que han puesto en riesgo sus vidas. Hoy estamos expidiendo una circular para que alcaldes y gobernadores se comprometan con la protección y con la integridad física e intelectual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos», aseveró Carrillo.
El procurador manifestó que no se puede permitir que alcaldes y gobernadores sean insensibles ante los asesinatos de líderes sociales ya que ellos también tienen responsabilidades disciplinarias, en caso de que no dispongan de recursos para proteger la vida de los defensores de derechos humanos.
«Hay campañas que tienen que realizar para evitar la estigmatización de los líderes. No solo basta con que asistan a los funerales, sino que prevengan efectivamente esta masacre en el país». sostuvo.
Por su parte, la vicefiscal, María Paulina Riveros, aseguró que para el caso del Urabá antioqueño, la Fiscalía determinó que el asesinato de líderes sociales tiene relación con el conflicto de tierras.
«Se trata de un tema evidente de reclamación de tierras. Confluyen en este caso varios sujetos como grupos armados organizados tales como el Clan del Golfo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus legítimos propietarios, y otra serie de grupos armados que han entrado en conflicto por la tenencia y posesión de la tierra», precisó Riveros.
Hasta el momento hay 150 personas capturadas y cerca de 200 vinculados a los procesos penales relacionados con asesinatos de líderes sociales.
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