En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra siete Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), para determinar la responsabilidad disciplinaria de varios funcionarios frente a presuntas irregularidades en contratos y otorgamiento de licencias ambientales en varias regiones del país.
El Ministerio Público busca establecer si se presentó algún tipo de falla disciplinaria por parte de los funcionarios de cada Corporación. Dicha investigación cobija a la CAR Cundinamarca, Corporcesar, CVC del Valle del Cauca, Corpamag – Magdalena y Cortolima – Tolima.
Además se indaga al Carder de Risaralda y a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú y San Jorge. Estas dos últimas, por presuntas irregularidades en el aval de la licencia ambiental para la construcción de Puerto Carbonero en el municipio de San Antero (Córdoba).
El procurador Fernando Carillo señaló que, “es importante es que ese foco de corrupción, que son máquinas de extorsión en poder de la clase política departamental y municipal, hay que eliminarlas”.