El magistrado Gustavo Malo, quien el pasado 4 de abril fue apartado de sus funciones por la Corte Suprema de Justicia, fue sacado de la nómina de la Rama Judicial.
Entre tanto en contra de Malo se adelanta una investigación por su presunta participación en el “cartel de la toga” pues se le acusa de haber recibido dinero para frenar una orden de captura.
La decisión determina que el magistrado de la Sala Penal no devengará los 31´331.000 pesos que corresponde a su asignación básica, más su prima especial. No obstante, seguirá recibiendo sus aportes sociales, correspondientes a salud y pensión.
Tras esta decisión, el área administrativa de la Rama Judicial se apoyó en dos argumentos jurídicos para evitar acciones legales en su contra.
El primero fue el Decreto 1083 de 2015 que, en uno de sus artículos establece que el pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá a servicios efectivamente prestados, los cuales se entenderán certificados con la firma de la nómina por parte de la autoridad competente al interior de cada uno de los organismos o entidades.
También la sentencia T1059 de 2001, la cual señala que “no existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración por los días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el Estado la obligación de pagarlos. De pagarlos se incurriría en presuntas responsabilidades penales y disciplinarias, procediendo el descuento o reintegro de las sumas canceladas por servicios no rendidos, por resultar contrario a derecho”.