Tras conocerse la liquidación de la E.P.S.I Manexka el pasado 28 de marzo por parte de Supersalud, y las innumerables protestas de las comunidades indígenas de Córdoba y Sucre, hoy se conoció una acción de tutela que al parecer obligaría a la Super reabrir las puertas de dicha entidad.
El mecanismo de protección fue interpuesto por el doctor Jhon Carlos Pino Franco, apoderado de los cabildos indígenas, ya que hay una inmensa preocupación por los más de 210 mil usuarios que están desamparados a nivel de salud.
“El despacho observa que en la parte resolutiva de la Resolución n° 000527 del 27 de marzo del 2017 no guarda el principio de congruencia interna que debe mantenerse en la parte considerativa y la resolutiva, pues, pese a que en su motivación hace referencia a la intervención de la Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka, es decir; sin especificar que solo se trataba de la intervención y liquidación”, cita la tutela.
Y luego añade, “para los efectos y conforme a las disposiciones del ejercicio del objeto social como E.P.S.I, sería la “inhabilitarla” como empresa promotora de salud – EPS-I, para la administración de los recursos del régimen subsidiado. Entendiéndose entonces que la intervención es a la Institución Indígena como Asociación sobre los demás objetos sociales adoptados en sus estatutos, de los cuales la competencia radica en el Ministerio del Interior, dirección de asuntos indígenas, excediéndose del ámbito de sus facultades; violando además la institucionalidad y autonomía de los pueblos indígenas”.
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Esta acción de tutela, sin lugar a dudas le daría un vuelco a la liquidación de Manexka y volvería a prestar el servicio los cientos de familias afectadas en el proceso.
Tras esta situación, el gerente de la EPS-I, Saúl Lucas Lucas, manifestó que al menos 13 personas han fallecido por la liquidación, “por lo menos se nos murieron dos niños en la zona de Tierralta, Alto Sinú, Embera Katios, aquí en San Andrés también han fallecido, en Momil y en Chimá”.
La comunidad indígena asegura que los niños son los más afectados, en especial los que sufren de enfermedades terminales y que requieren de medicamentos esenciales para mantenerlos con vida, incluso, hay algunos que están aún a la espera de atención médica.
Así las cosas, se espera que en los próximos días se dé a conocer cuál será el destino de los 210 mil usuarios desamparados tras la liquidación de la entidad indígena.
Error. El abogado Jhon Pino no es el apoderado de los cabildos, es el apoderado del agente liquidador de la Supersalud, como bien se puede leer en el fallo. Rectifiquen para que la información sea correcta.