Luego de la solicitud que el Superintendente de Salud Norman Julio Muñoz Muñoz le hiciera a la Corte Constitucional en el sentido de revisar el Fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que le ordena dejar sin valor y efecto la resolución mediante la cual se decretó la liquidación de Manexka EPSI, y devolver a la EPSI todos los negocios, bienes y haberes; así como trasladar nuevamente a los usuarios que fueron reasignados a otras EPS tras el proceso de liquidación, la entidad expidió un comunicado en el que advierte que el Superintendente ha desacatado abiertamente las ordenes de los jueces de la Republica.
El comunicado señala además que tal situación » ha conllevado a la muerte de hermanos Zenues y Emberas por falta de atención en las EPS Occidentales a las que fueron abruptamente trasladados a partir de la ilegal toma de posesión».
Como se sabe en la solicitud de revisión del fallo presentada a la acorte el superintendente señala que “Manexka entró en liquidación porque se evidenciaron graves fallas en la atención a la población y la pérdida de los recursos de la salud. Tomamos entonces la decisión de retirar a esa población en riesgo y ahora el Tribunal me dice que debo reintegrarlos. ¿Cómo lo hago sin arriesgar ni una sola vida sabiendo que los tengo que dejar nuevamente en manos de una aseguradora deficiente y disfuncional?.
Así mismo dijo que «Manexka no funciona y no está en condiciones de recibir a la población. porque en este momento no cuenta con sistemas de información ni con una red conformada para garantizar la prestación de los servicios.
El pasado 28 de marzo de 2017 se ordenó la liquidación y cierre total de Manexka . Convirtiéndose en la primera EPS indígena intervenida por la Superintendencia de Salud.
Ante las afirmaciones la EPS expidió el comunicado en el que explica lo siguiente:
El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante fallo de segunda instancia del 14 de Junio de 2017, tuteló el derecho fundamental a la Consulta Previa de la Etnia Zenú, y en consecuencia dejó sin valor ni efecto alguno las Resoluciones que ordenaron la Liquidación de la Entidad Promotora de Salud Indígena Manexka EPSI.
Desde el 02 de Mayo de 2017, fecha en que se profirió fallo de primera instancia a favor del pueblo Zenú, el Señor Superintendente Nacional de Salud Norman Julio Muñoz Muñoz ha desacatado abiertamente las ordenes de los jueces de la Republica, lo que ha conllevado a la muerte de hermanos Zenues y Emberas por falta de atención en las EPS Occidentales a las que fueron abruptamente trasladados a partir de la ilegal toma de posesión.
Que el Señor Superintendente Nacional de Salud, como servidor publico, se encuentra en la obligación de acatar los fallos judiciales, aun así no sean de su agrado, pues en cumplimiento a sus deberes funcionales se encuentra sometido -como todo ciudadano- al imperio de la Constitución Política y la Ley.
Que Manexka EPS Indígena hoy tiene perfectamente constituida y garantizada la red de servicios pública y privada, con la cual garantizara el derecho fundamental a la salud de los cerca de 210 mil usuarios que ha protegido el fallo de tutela, como lo ha venido haciendo durante los casi 20 años que lleva atendiendo sus comunidades Zenues y Embera Katios.
Que no son de recibo los argumentos del señor Superintendente para continuar desacatando el fallo judicial proferido a favor del pueblo Zenú, pues la EPS INDÍGENA se encuentra en la capacidad técnica, administrativa y operativa para continuar asumiendo la prestación de los servicios de salud de sus afiliados, tal y como venia ocurriendo antes de la ilegal toma de posesión, y que la llevo a ocupar el año anterior el segundo lugar en el ranking de EPS Indígenas, según medición realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual es pública.
Que el fallo Judicial es claro, y sus instrucciones son precisas, sin que sea de recibo la argumentación del señor Superintendente de solicitar instrucciones para el cumplimiento del mismo, o de esperar la eventual revisión que del mismo hiciera la Honorable Corte Constitucional, pues los fallos de tutela que protegen derechos fundamentales son de cumplimiento inmediato, por lo que se le insta a acatar el fallo judicial sin mas dilaciones.
Que Manexka EPS Indígena ha ofrecido todas las explicaciones del caso frente a los cuestionamientos de la Superintendencia Nacional de Salud, sin que los mismos hayan sido tenidos en cuenta, ni por la auditoria forense, ni por los funcionarios de la entidad, por lo que la etnia Zenú se siente perseguida por la actual administración de la Superintendencia Nacional de Salud, y solicita –en aras del debido proceso-, que sus argumentos de defensa sean evaluados de forma imparcial y objetiva, y con el acompañamiento de una mesa de autoridades del Gobierno Nacional, y la Procuraduría General de la Nación.
Que las autoridades indígenas han insistido en el dialogo respetuoso, sin que a la fecha hayan sido recibidos o escuchados por el Señor Superintendente Nacional de Salud Dr. Norman Julio Muñoz Muñoz, quien lamentablemente ha sido de oídos sordos frente a las legitimas autoridades indígenas.
Hacemos un llamado a la cordura, al dialogo, y al respeto, al Señor Superintendente Nacional de Salud, a quien invitamos al resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, para entablar un dialogo con las autoridades indígenas, y solicitarle públicamente que conozca de primera mano la infraestructura que tenemos garantizada para prestar los servicios de salud a nuestros afiliados, la cual es sin lugar a dudas de las mejores infraestructuras de salud en el país tratándose de comunidades indígenas, según palabras de la propia Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Manexka EPS Indígena, reitera que se encuentra en total capacidad operativa para atender a sus cerca de 210 mil usuarios, y garantizará la continuidad de los tratamientos en curso de su población, por lo que procederá tan pronto reciba las bases de datos de los afiliados, a expedir las autorizaciones respectivas. Para la verificación de todo ello solicitaremos el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.