La juez 40 penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, recriminó a la Fiscalía por haber ordenado la captura del alcalde, Carlos Daniel Pineda, y del consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, y luego investigar la presunta corrupción en el contrato de remodelación del coliseo Miguel Happy Lora.
Como se recordará la orden de captura fue solicitada el pasado 17 de junio, en plena fiesta de Montería, razón por la cual ambos funcionarios se presentaron voluntariamente en la capital cordobesa y en Bogotá, en aras de definir su situación judicial.
La juez entregó las cuatro razones por las cuales dejó en libertad a los dos procesados y controvirtió cada una de las pruebas entregadas por el ente investigador.
Investigar primero
Uno de los elementos señalados por la juez 40 en el marco de la justificación de su decisión, es lo que establece en nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual busca que se investigue primero, antes de privar de la libertad a las personas vinculadas a los distintos procesos.
Fustigó a la Fiscalía por haber solicitado la captura, sin tener los elementos probatorios necesarios para comprobar que efectivamente Correa y Pineda se habrían apropiado de recursos de las obras de remodelación del escenario deportivo.
En Montería se rumoró incluso que la Fiscalía estaba esperando que el alcalde Pineda asistiera a una rueda de prensa, programada con un reconocido furbolista colombiano, organizada por la Unicef, o en su defecto que empezara a bailar en la Parada Folclórica, para darle captura.
En el caso de Correa fueron a buscarlo a su residencia en Bogotá, pero no lo encontraron, pues había ido a cumplir una misión oficial en Chocó. A su regreso a la capital se entregó.
No son un peligro
La segunda razón esbozada fue que los dos imputados no representaban ningún peligro para la sociedad y que por ello no consideró viable enviarlos a la cárcel.
Pineda y Correa son dos personas ampliamente conocidas en la región y permanecer en libertad no pondría en riesgo a ninguna de las personas que están a su alrededor.
No obstruirán la justicia
El tercer elemento señalado por la juez es que ninguno de los dos funcionarios iba a dejar de comparecer ante las autoridades competentes cada vez que fueran requeridos, en aras de lograr esclarecer la inversión que se hizo en el escenario deportivo, la cual asciende a 12.500 millones de pesos.
Los medios de comunicación conocieron que el consejero Correa había hecho entrega de su pasaporte a la autoridad competente, con el fin de demostrar que no tenía intención de abandonar el país.
Ambos se mostraron de acuerdo en la necesidad de esclarecer el tema y en la de asistir cada vez que fueran requeridos, pues insisten en que la obra se hizo de acuerdo a lo avalado por el mismo gobierno nacional.
Fiscalía no probó delitos
La cuarta y tal vez la más importante razón de la jueza es que la Fiscalía no pudo probar la comisión de los delitos imputados a ambos funcionarios.
Como se recordará a ambos le endilgaron los delitos de celebración indebida de contratos, peculado y prevaricato por omisión, pero a Pineda le agregaron además el de falsedad ideológica.
Los imputados no aceptaron la comisión de delitos la Fiscalía no tuvo los elementos suficientemente contundentes para probarlos.
Hay que indicar que Pineda y Correa quedan vinculados al proceso y podrán defenderse en libertad y seguir desempeñando sus funciones de manera normal, tanto en la Alcaldía de Montería como en la Presidencia de la República.