Funcionario de la alcaldía de Valencia involucrado en «cartel de remate de bienes»

José Alfredo Flórez Julio, abogado y actual jefe de la oficina de conciliación en la alcaldía de Valencia sería presuntamente uno de los miembros principales del llamado «cartel de remate de bienes» de dicho municipio, quien  viene siendo investigado por  la Fiscalía General  de la Nación luego de la denuncia de varios de los afectados.

Se conoció que luego de la publicación en exclusiva de la Lengua Caribe, un fiscal delegado  llegaría a la localidad a apersonarse de la situación. Por su parte el alcalde José Ignacio Gómez Ramos  le pidió la renuncia al funcionario quien como señalamos anteriormente se desempeñaba como jefe de la oficina de conciliación y ayer le fue aceptada.

Como se recordará  la denuncia de ciudadanos dejó en evidencia «las artimañas» que utilizaba la red de «profesionales y capitalistas»que se habrían unido para acelerar los procesos jurídicos de personas naturales  cuyos bienes terminaron siendo rematados y comprados a bajos precios por dicho cartel en el municipio de Valencia, sur del departamento de Córdoba.

En el grupo operaban abogados, funcionarios públicos, jueces y otros profesionales que manipulan y  aceleran los procesos jurídicos de  personas. Operaban  así, una vez conocían  los datos de los afectados conseguían a los  peritos o avaluadores, y ellos en su inspección a los bienes a rematar estipulan precios inferiores a los reales. Luego las propiedades eran compradas por otros capitalistas que también hacían parte del negocio.

Uno de los casos más sonados fue el de doña Mercy Maria Carrillo Vergara una ciudadana que le adeudaba la suma de 9 millones de pesos a la Dian y a quien presuntamente el abogado Florez Julio  cuando se desempeñaba como inspector de policía  en Valencia,  le remató una finca de más de 40 hectáreas de terreno por un precio irrisorio.

«Ese señor siendo inspector remató en su propio nombre un propiedad de mi esposa, allí se juntaron, peritos, funcionarios de la Dian, secuestres, de todo, para rematar de manera ilegal porque ni el perito, ni el secuestre fueron asignado por la Dian y remataron la finca de mi esposa  por un precio irrisorio, más de 41 hectáreas las remataron por  23 millones 500 mil pesos, cuando ni un lote medianamente grande vale eso». Señaló Luis Carlos Benavides Miranda, esposo de la afectada.

Otro caso que fue denunciado y en el que también tendría participación el abogado es el de una ciudadana a quien le remataron  58 hectáreas  de terreno  cada una por un valor de 2 millones 500 mil pesos, sin tener en cuenta que dentro de las cuales hace 10 años, 31 de ellas estaban con cultivos de teca.

Las denuncias acerca de los hechos fue presentada durante la primera fase del programa anticorrupción de la Fiscalía Bolsillos de Cristal  que se llevó a cabo en enero de este año.

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