Cambio Radical no está de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz

Cambio Radical no está de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz

Con una exposición de observaciones de la Fiscalía General de la Nación al proyecto de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la respectiva respuesta del Gobierno, avanzó este miércoles 27 de septiembre de 2017, la discusión en las comisiones primeras del Senado y la Cámara sobre dicha iniciativa.

El fiscal Néstor Humberto Martínez inició su intervención afirmando que si bien respalda la JEP, esta debe estructurarse adecuadamente para que, una vez terminada la guerra, no se inicie un conflicto de tipo jurídico.

De igual forma, Martínez afirmó que era necesario dejar en claro cuáles serán los límites de competencias entre la JEP y la justicia ordinaria. Recordó, en ese sentido, que los excombatientes de las Farc ya son ciudadanos del común y que, por esa razón, los delitos que puedan llegar a cometer de ahora en adelante tendrán que ser resueltos bajo la justicia ordinaria y no la JEP.

Por su parte, la bancada de Cambio Radical no votará el proyecto que se discute en el Congreso, por considerar que la ley que reglamenta la JEP, “premia de manera significativa y desequilibrada a los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc”.

“Cambio Radical considera que la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo estado de derecho, que debe respeto por las funciones jurisdiccionales ya establecidas, y no entregarle todas estas competencias a una justicia de excepción”, dijo el partido en un comunicado, en el que agregó que “las dudas sobre la idoneidad de todo lo relacionado con la JEP también nos hacen rechazar, de manera categórica, la composición del tribunal de paz”.

Asimismo, señaló que con contadas excepciones, la mayoría de los recién nombrados magistrados tienen una clara tendencia política que, de entrada, no generan ninguna clase de garantías para la sociedad civil por el claro prejuzgamiento que tienen sobre las acciones ocurridas en relación con el conflicto armado interno.

Del mismo modo, el Centro Democrático insistió en que la JEP no puede convertirse en una herramienta para vincular a terceros que no han hecho parte de los grupos armados al margen de la ley, y que es su deber, como partido político, “proteger a todos los sectores productivos y en particular a los ciudadanos que han invertido en el campo colombiano y fueron víctimas del conflicto, que hoy pueden ser revictimizados por un tribunal que no les ofrecerá garantías jurídicas suficientes”.

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