A pesar de la contundentes pruebas que los involucran en hechos de corrupción y de estar vinculados con bandas de microtráfico once policías fueron cobijados con la medida de detención domiciliaria y dos más quedaron en libertad por orden de un juez de la República que validó los argumentos de los abogados de la defensa durante la audiencia de imputación de cargos este fin de semana.
Interceptaciones telefónicas, fotografías y testimonios, sirvieron de prueba por parte de la Fiscalía con las que el ente acusador demostró que al parecer los investigados les exigían dinero a los miembros de bandas delincuenciales del centro de Bogotá, a cambio de no judicializarlos e informarles sobre los operativos que se realizaban en la zona. Según las pruebas los uniformados realizaban falsos allanamientos, para seguir cobrando dinero a los delincuentes.
La investigación realizada por el CTI de la Fiscalía, contó con el apoyo de miembros de contrainteligencia de la Policía, quienes durante varios meses adelantaron conjuntamente la investigación que terminó con la captura de los 13 uniformados y nueve civiles contra quienes curiosamente el mismo juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La medida del juez, que fue rechazada por la ciudadanía, benefició a un oficial adscrito al CAI de Las Cruces, en el centro oriente de la ciudad y a diez patrulleros. Mientras que dos más quedaron en libertad pero siguen vinculados al proceso.
Como el proceso continúa se prevé que los uniformados de ser hallados culpables paguen una pena hasta de 8 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, extorsión, cohecho y prevaricato por acción.