La Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar de carácter penal en contra del senador Armando Benedetti, señalado por dos cordobeses como unos de los ‘cerebros’ del multimillonario desfalco al Fondo de Pensiones del Magisterio.
La Lengua Caribe había publicado en noviembre del año anterior, que a la Corte habían compulsado copias de las declaraciones del fallecido abogado, Jaime Agámez Pineda, y del abogado Álvaro Burgos del Toro, quienes manifestaron que el congresista de la U estaría detrás del ‘negocio’, moviendo sus fichas en la Fiduprevisora.
Burgos dijo en su momento que había conocido al congresista en su oficina en Bogotá y que este le había solicitado el 20 por ciento de los dineros que lograran pagar a los educadores.
Igualmente Agámez lo señaló de participar en el robo al erario, señalando que inicialmente se sacaba un porcentaje del 25 por ciento para la Fiduprevisora y luego del 37 por ciento, dinero que entregaban en cheques de gerencia.
La situación se le complicó a Benedetti luego que se filtrara un balance de sus ingresos donde se nota un incremento elevado durante los años 2014 y 2015. Esos balances y registros bancarios fueron entregados por la Fiscalía General de la Nación a la Corte.