Por medio de la Resolución No. 2.2792 del 29 de noviembre de 2016 la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS revocó la resolución No. 2.2246 de 30 de junio de 2016 “Por la cual se resuelve recurso de reposición para la Sociedad Portuaria Gráneles del Golfo. Es decir, dejó viva la licencia ambiental que le había sido revocada a dicha Sociedad Portuaria para la construcción de un puerto de cargue de carbón en medio de una zona protegida en la bahía de Cispatá.
La resolución, en virtud de la cual también se revoca la Número. 02-0616 de diciembre 23 de 2014 al mismo tiempo la suspende hasta tanto se realice una consulta previa en relación con las comunidades indígenas y afrodescendientes presentes en la zona de influencia del proyecto.
La medida que curiosamente no ha sido notificada a los alcaldes desde ya ha causado el rechazo de las comunidades e incluso juristas expertos afirman que la medida es un exabrupto jurídico ya que primero se debe realizar la consulta previa y luego ordenar la licencia, en este caso la revocatoria que le vuelve a dar vida a la licencia.
“No pueden dejar viva temporalmente una licencia ambiental suspendiendo sus efectos hasta tanto se realice la consulta, es un exabrupto que incluso atenta contra el debido proceso porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ordenado incluso que en la consulta previa se le debe dar participación a las comunidades afectadas desde la elaboración de los estudios de impacto ambiental «. dijo Robert Angulo Asesor jurídico de la Alcaldía de san Antero.
Como se recordará en la bahía de Cispatá en un área que es de influencia de un Distrito de Manejo Integrado y que es una de las áreas de manglares mejor conservada en el país la CVS otorgó licencia en el año 2014 a la empresa Gráneles del Golfo para que construyera y operara un puerto en el municipio de San Antero, en Córdoba más exactamente en la bahía de Cispatá.
La adjudicación de dicha licencia se mantuvo casi que en secreto según los ambientalistas porque va en contra de lo establecido dentro del Plan Integral de Manejo de la Bahía de Cispatá, que entre otras prohibiciones señala las obras de infraestructura de alto impacto como puertos, carreteras, instalaciones de comunicaciones y oleoductos, así como pesca industrial, la pesca de arrastre, el comercio de fauna silvestre, la minería y el cultivo ilícito.
Dentro del área tampoco se puede verter o descargar sustancias químicas como aceites, grasas y combustibles ni arrojar o descargar cualquier tipo de residuos sólidos a los cuerpos de agua.
Según la consultora ambiental Clara Lucía Sierra Díaz, el Distrito de Manejo Integrado de la bahía no es posible llevar a cabo los servicios portuarios, indicó que es un área para la conservación de los manglares. Señala que el proyecto impacta negativamente las proyecciones ecoturísticas de la región.
Rechazo total
El 19 de junio del presente año el director de la CVS José Fernando Tirado señaló que “la zona en la que será construido el puerto es categoría B, por lo que sí se permiten las actividades industriales, siempre y cuando se dé el manejo indicado para la protección de la flora y fauna” Advirtió que “la Bahía de Cispatá no se verá afectada pues la empresa privada sí cumplió con todos los estudios requeridos dentro de la normatividad. Puntualizó además que en caso de verse afectado el ecosistema la Corporación tomará correctivos que irían desde suspender hasta revocar dicha licencia.
Reversó la resolución
En efecto ante los repetitivos rechazos por parte de ambientalistas y la comunidad en general por la inminente construcción de un puerto de cargue de carbón el 21 de junio la CAR CVS señaló que, reconociendo la importancia de los aportes de los Ambientalistas y las Comunidades del departamento de Córdoba en defensa de los recursos naturales de la región, la Corporación analizaría y evaluaría todas las observaciones realizadas.
Afirmó en esa oportunidad que, en aras de salvaguardar el interés supremo de las comunidades, que han manifestado la falta de socialización de este proyecto por parte de la empresa Gráneles del Golfo, procederá a verificar esta solicitud de la cual realizará un pronunciamiento posterior. En un comunicado oficial afirmó que: «Hemos solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la concesión portuaria requerida para complementar la legalización de la actividad, sin lo cual no podrá iniciarse la ejecución de la etapa de construcción».
El informe aclaró que la Licencia otorgada a Gráneles del Golfo, obedece a un terminal portuario multipropósito para almacenamiento, cargue y descargue principalmente de Gráneles sólidos, líquidos y minerales como bauxita, yeso y carbón, con una capacidad estimada de 1.480.000 toneladas por año.
Dentro del Plan de Manejo para la actividad portuaria, la CAR-CVS aprobó 38 fichas de manejo ambiental para los componentes bióticos, abióticos, sociales y programas de seguimiento y monitoreo. Adicionalmente la Corporación impuso a Gráneles del Golfo, 87 obligaciones para garantizar la protección y conservación de los ecosistemas de manglar, marinos, terrestres, recurso hídrico, pesquero, fauna y flora de esta importante región.
El 30 de junio de este año la misma CAR revocó la resolución por medio de la cual había otorgado la Licencia ante la presión y rechazo total de los ambientalistas y comunidad en general.
Cerca de seis meses después cuando el ambiente navideño está en su furor y las atenciones de la mayoría de los colombianos están puestas en el goce y el reencuentro familiar nuevamente la CVS revive la licencia con otra resolución.