Por Roberth Angulo.
La Procuraduría General de la Nación, en los últimos años ha emitido fallos disciplinarios que han sido duramente cuestionados, por juristas, medios de comunicación y la opinión pública.
Piedad Córdoba y Fernando Londoño, fueron víctimas del Ministerio Público, por ese ente fueron investigados y sancionados disciplinariamente inhabilitandolos para aspirar a cargos públicos durante varios años. A la primera por financiar con 25 millones de pesos la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara de Representantes sin contar con el aval expreso del Partido Liberal, y otra por sus vínculos con la guerrilla de las Farc.
A Fernando Londoño por irrespeto de decisiones judiciales y abuso de su cargo, en esta caso fue inhabilitado durante 12 años, que venció el pasado mes de septiembre ya que la sanción se produjo en año 2004. En un segundo proceso también fue sancionado por el ente de control durante 16 años, por gestionar ante el ministerio de transportes e invias el pago de una millonaria deuda al consorcio italiano Recchi G.L.F de la que él había sido representante. Es de anotar que el exministro fue víctima de un atentado terrorista perpetrado por las FArc en 15 de mayo del año 2012.
Ambos hicieron uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, al considerar que habían sido sancionados injustamente, al no existir pruebas suficientes y al vulnerarse la cadena de custodia, para emitir fallos de semejantes proporciones.
El Consejo de Estado, revocó las dos sanciones que pesaban contra la ex congresista Córdoba Ruíz, lo que la habilita para volver a la arena política. En cuanto a Fernando Londoño ya cumplió con su primera sanción y existe ponencia favorable para que se le revoque la segunda que aún pesa en contra.
Ahora el Estado deberá pagar grandes sumas de dinero a favor de los ex funcionarios, por los perjuicios ocasionados, y este seguramente deberá repetir contra quienes dirigieron esas nefastas acciones. Situaciones como esta no deben repetirse en un Estado Social de Derecho, los fallos deben corresponder a la realidad procesal y no deben ser inspirados por pensamiento e ideologías políticas de los disciplinados.
La Procuraduría no puede ser vengativa, no puede perder la razón para lo cual fue instituida, no puede estar al servicio de ningún partido político, ni convertirse en la plataforma política de nadie, se necesita una gran reforma en el proceso de su elección, que le permita a quien haya sido designado actuar con total independencia, sin presiones para emitir sanciones, para que situaciones como las de Piedad y Londoño jamás vuelvan a repetirse.
Hoy el ente investigador por su actuar desproporcionado e injusto, revive a dos enfermos terminales de la política, Piedad y Londoño. A Piedad, no la veo tan cercana al Partido Liberal, la veo más independiente y seguro buscará camino propio por partido distinto, sin apartarse de su ideario izquierdista.
Pero de revocarse la sanción disciplinaria contra exministro Fernando Londoño, el revuelo político en el país sería de grandes proporciones, de seguro se convertiría en una carta fuerte del uribismo de cara a las próximas elecciones, muy a pesar de su origen Conservador, pues en ese movimiento político aún no se consolida un nombre fuerte que timonee ese barco hasta puerto seguro.
El exministro es lo más parecido a Álvaro Uribe Vélez ellos encarnan la ultraderecha, el «anti farc», y pensando hipotéticamente en la implementación de los acuerdos y que los miembros del secretariado de las Farc, como Timochenko, Iván Márquez, Joaquín Gómez, etc, puedan hacer política, estaremos en una contienda electoral histórica e inédita, para alquilar balcón, “Fernando Londoño vs Farc” dos nuevos protagonistas completamente antagonistas.