Un informe que la Contraloría dio a conocer este martes cuestiona la gestión de varias Corporaciones Autónomas Regionales del país, las principales autoridades ambientales en los departamentos.
El organismo de control no sólo pone en entredicho las decisiones de algunas corporaciones, como las de Chocó y Cundinamarca, sino que muestra cómo se habría generado un presunto detrimento patrimonial por 10.022 millones de pesos por parte de 16 de estas organizaciones.
Sin embargo, la entidad que dejó más preocupada a la Contraloría fue la CAR de Cundinamarca. El órgano de control encontró un detrimento por 68 millones, una cifra que deja mucho qué pensar.
Ese dinero, dice el informe, corresponde a sobrecostos por la compra de palas y palines que, mientras en el mercado pueden costar entre 7.500 y 10.000 pesos, la CAR de este departamento las compró por valores que oscilan entre 800.000 y un millón de pesos.
«Fue así como se pagaron cinco millones por cinco palines y cuatro millones por cinco palas, que de acuerdo con cotizaciones que hizo la CGR, a precios del segundo semestre del 2013 sólo podían costar 35.000 y 52.500 en cada caso”, se lee en el informe de la Controlaría.
Los casos abundan. En el informe se asegura que la CAR compró un medidor digital de compactación penetrologger en 23 millones de pesos. Cuando los auditores de la Contraloría lo cotizaron en el mercado, encontraron que este aparato costaba 3,8 millones de pesos.
Además como si esto fuera poco, la Contraloría encontró otra perla. La CAR pagó 116 millones de pesos por una capacitación para cinco funcionarios. Cuando el organismo de control hizo la cotización, se dio cuenta de que por ese mismo servicio otras instituciones cobraban valores mucho menores, como la Universidad Libre (cobraba 30 millones de pesos), la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (cinco millones) y la Universidad Nacional (6,7 millones).