En el búnker de la Fiscalía en Bogotá esperan la audiencia del próximo miércoles a las dos de la tarde el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, y el consejero presidencial para las regiones y exalcalde, Carlos Eduardo Correa, quienes están privados de la libertad desde el pasado viernes cuando se presentaron ante la Fiscalía.
Esa situación ha hecho que se generen múltiples expectativas en la ciudad. Cadenas de oración, mensajes de solidaridad e hipótesis sobre posibles ataques políticos están a la orden del día en la capital cordobesa.
Sus abogados, Iván Cancino y Andrés Garzón indicaron que aportarán todos los documentos sobre la contratación y ejecución de la remodelación del coliseo Miguel Happy Lora de Montería, hecho por el cual son investigados, con el fin de garantizar su libertad, pues fue una obra recibida a satisfacción por parte del Gobierno nacional.
Los dos funcionarios, luego de la legalización de la captura fueron enviados al búnker, mientras que Pascual Guerrero Arana, director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social; Samuel Eduardo Mora, funcionario de la interventoría Flograf, y Gilmar Alberto González Mora, quienes también habían sido capturados, quedaron en libertad.
Como se recordará la Fiscalía imputará los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público.
Qué dice la Fiscalía?
La Fiscalía presume que hay anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, y del 25 de junio de 2012 suscrito entre el Municipio y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del coliseo Miguel Happy Lora por un valor de 12 mil 500 millones de pesos.
Los abogados defensores dijeron que tienen los argumentos para demostrar, con documentos, que la obra se paralizó debido a que el diseño inicial no cumplía con las normas sismorresistentes y luego por la demora en el desembolso de los recursos.
La misma Dirección Nacional de Planeación conceptuó en 2015 que el retraso de las obras obedecía a los trámites y aprobaciones que debía hacer el Municipio ante la Gobernación de Córdoba, el DNP, el Ministerio de Cultura y Coldeportes.
Por su parte, la Contraloría Departamental, ente que investigó posibles anomalías, dijo que en la construcción del coliseo Happy Lora no hubo corrupción y también coincidió en que los atrasos tuvieron su origen en los trámites que debían hacer ante el organismo nacional.