La Contraloría General de la República abrió una investigación contra la gobernadora (e) de Córdoba, Sandra Patricia Devia, y los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por un presunto hallazgo fiscal de $45.083 millones de pesos, relacionado con un millonario contrato de investigación de ciencia y tecnología.
Según el ente de control, pese a que el contrato no fue ejecutado se pagaron unos $29 mil millones, de los cuales, solo se han recuperado algo más de $4 mil millones.
Este proyecto fue contratado cuando Alejndro Lyons ejercía como gobernador de Córdoba, cuyo objetivo era hacer unas investigaciones sobre temas de agua, reforestación, y mejoramiento de la cuenca del río.
Las actividades descritas anteriormente nunca se realizaron, por consiguiente, Edwin Besaile, su sucesor, decidió liquidar dio contrato.
No obstante, la gobernación solo ha recuperado 4.716 millones correspondientes al valor de la póliza, la cual estaba establecida por un 10% del valor del contrato.
Según la Unidad de Regalías de la CGR, “Frente a la liquidación del convenio especial de cooperación No. 734 – 2013, se observa un posible detrimento que se determina en que la entidad auditada (Gobernación de Córdoba) no ha realizado las gestiones pertinentes e indicadas para la recuperación de la totalidad de los recursos cancelados a los Cooperantes Corporación Áreas Naturales Protegidas -ANP y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal -CONIF-, establecidas en el acto administrativo No. 004 del 15 de agosto de 2017, generando una afectación al patrimonio del Estado”.
Es de resaltar que, dicho contrato es el número 734 de 2013 correspondiente a la investigación sobre el corredor agroecológico caribeño, ejecutado por la corporación Áreas Naturales Protegidas y la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal Conif.