El Gobierno Nacional, anunció que por los hechos de corrupción cometidos por Odebrecht en Colombia se han iniciado 10 acciones en contra de la multinacional.
Dentro de esos castigos se destaca la multa de más de 800 mil millones de pesos que debe pagar al Estado la Concesionaria Ruta del Sol por la violación a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa al patrimonio del patrimonio público.
Del mismo modo, la “apertura de investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la eventual comisión de conductas anticompetitivas en la Licitación Pública que culminó con la suscripción del contrato de concesión 001 de 2010”, dice el comunicado.
Asimismo, el Gobierno resaltó en el comunicado que actualmente se encuentran en curso 11 procesos penales, de los cuales en cuatro la Agencia Nacional de Infraestructura se ha constituido como víctima, que adicionalmente demandó a la concesionaria por la celebración indebida del Contrato de construcción de la Ruta del Sol 2, “que conllevó a la terminación anticipada del mismo en febrero de 2017. La cuantía de esta demanda es de $13.100.082.793”.
En la lista también mencionan que la sociedad colombiana Constructora Norberto Odebrecht ofreció una compensación económica por los daños generados por los delitos cometidos, a cambio de que el Estado retire todos los procesos legales y administrativos en su contra y le permita volver a contratar con el Estado, esta solicitud fue negada.
La acción 10 de la lista tiene que ver con la decisión de la Superintendencia de Transporte, que declaró la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y convocó al proceso de liquidación judicial a la compañía en instancia de la Superintendencia de Sociedades
“La lucha contra el grave flagelo de la corrupción es una obligación constitucional, legal y ética de todo gobernante y de todo ciudadano. Este es uno de los peores atentados cometidos en contra de la moralidad de la Nación, el cual ha causado un grave detrimento en las finanzas públicas y ha sido el origen de graves daños a la ética pública”. manifestó el Gobierno Nacional.