Un nuevo escándalo se suma a la larga lista de casos por corrupción que ocurren en importantes organismos de justicia del país, en esta ocasión se trata de un entramado del cual hasta una funcionaria del ente investigador fue víctima de atentado.
Se trata de Marcela Yepes, la directora de Control Interno de la Fiscalía, responsable de realizar los controles en la entidad y a quien el pasado mes de octubre, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez le había encargado una misión especial de auditar todas las 32 salas de interceptación que la Fiscalía tiene por el país, las cuales conforman el Sistema de Interceptación de las Comunicaciones (SIC).
Hace dos meses, Yepes sufrió un atentado cuando se movilizaba en una camioneta por el occidente de Bogotá, sin embargo la situación no pasó a mayores pues la bala no logró penetrar el blindaje.
Tanto los escoltas de la directora como su conductor se dieron cuenta que fue una bala la que impactó el vidrio del vehículo, pero según denuncia la revista Semana «algunas personas de la Fiscalía buscaron a los policías para pedirles cambiar el resultado del dictamen y anotar que el impacto en el vidrio correspondía al golpe de un tornillo o una piedra. Los uniformados no accedieron a la inusual solicitud».
El medio indicó que el atentado podría estar relacionado con la misión que le encargaron a la funcionaria pues esta debía entrar a investigar a fondo las herramientas útiles que «les permite a los fiscales, previa autorización de un juez, interceptar cerca de 20.000 líneas telefónicas, fijas y celulares».
La investigación se debió al escándalo que estalló en septiembre por chuzadas ilegales y que enredó al general retirado de la Policía Humberto Guatibonza, dos oficiales retirados del Ejército y una ingeniera de sistemas, quienes fueron acusados conformar una empresa criminal dedicada a chuzar ilegalmente.
Pero algo no cuadraba para los investigadores no era lógico que con los equipos que tenían lograran interceptar comunicaciones de voz o tener acceso a detalles de conversaciones, por lo que empezaron las sospechas de que la red tuviera contactos en la propia Fiscalía, y concretamente en algunas de las salas del SIC, por lo que solo con una auditoría se podría determinar qué estaba pasando.
Efectivamente en la auditoría encontraron irregularidades y comprobaron que varios funcionarios, que ya han sido capturados, están al servicio de redes ilegales que buscan información delicada de empresarios o funcionarios que lideran investigaciones delicadas para el país.
Hallazgos de la auditoría
«Determinaron que de los 1.200 números que la Fiscalía encontró en los allanamientos y computadores de la organización del general Guatibonza, al menos 80 aparecían como interceptados en salas del SIC».
Establecieron que «dentro de una investigación por un caso de desplazamiento forzado incluyeron y camuflaron el celular de un integrante de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el sindicato de pilotos que llevó a cabo la huelga de Avianca». Por este caso hubo capturas importantes.
Por otra parte, la revista Semana estableció que un grupo de militares activos y retirados, la mayoría de ellos antiguos integrantes de la Regional de Inteligencia Militar 7 (Rime 7) también acudieron a estas prácticas ilegales.
«Los uniformados tenían en su nómina a los funcionarios de una de las salas de interceptación dedicada a labores contra el terrorismo. A cada uno de ellos les pagaban entre 2 y 6 millones de pesos mensuales a cambio de permitirles introducir números, que camuflaban en medio de casos contra organizaciones terroristas. Muchas de esas interceptaciones ilegales tenían el fin de chuzar a investigadores o funcionarios, policías y militares, que los investigaban a ellos o a sus ‘clientes’, algunos narcotraficantes», indicó Semana.
El nombre del expresidente Uribe involucrado en el escándalo
Sin embargo, sobre este entramado de corrupción uno de los casos que más ha llamado la atención son las pruebas alteradas.
La auditoría determinó que existen seis audios alterados en la investigación que realiza la Corte Suprema en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, por supuesta manipulación de testigos.
«Al analizar un paquete de audios, peritos encontraron “fuertes indicios” de algún tipo de «manipulación o modificación» en llamadas ocurridas el 8, 20, 24 y 30 de marzo de 2015. “Sus fallas o transformaciones no ocurren en etapas cercanas de la reproducción sino tienen inicio funcional y luego se presentan cambios en la señal o a lo largo de su duración, solo se presentan fragmentos pequeños con información seguidos o superpuestos a silencios o tonos puros (pitos)», cita Semana el peritaje.
Dentro de esta investigación que le fue encargada a Yepes, hay varias perlas que destaparían nuevos despelotes en el país y que alertan el descontrol en varias salas de interceptación, incluso Semana indica que el sistema sirvió hasta para bloquear investigaciones.
Este informe de la revista Semana generó reacciones inmediatas, a través de las redes sociales manifiestan estar cansados del sistema judicial y el manejo corrupto que le dan, algunos aseguran que han dejado de creer en la justicia, mientras que otros esperan que algún día toda la verdad salga a la luz.