A pesar que es una prohibición directa del Estatuto Anticorrupción, además de estar contemplado en la sentencia C-489/96 en Córdoba las jurisprudencias pasan desapercibidas tanto para varias alcaldías como para la misma Gobernación quienes siguen contratando y peor aún pagando cuentas embargadas al contratista Anuar David Montesino Díaz, y la empresa Servicios de Ingeniería Inversiones y Maquinarias SIIM SAS. que en la actualidad sostiene contratos a través de diferentes consorcios con los entes territoriales.
El ingeniero civil Montesino Díaz, sostiene una deuda que inicialmente fue de 695 millones 750 mil pesos y que en la actualidad asciende mil 254 millones de pesos contraídos con el médico Rubén Darío Ramos Contreras, por lo cual este inició un embargo que fue radicado el pasado 8 de septiembre del 2017.
El mismo año, el día 28 de septiembre el Juzgado Tercero Civil de Montería resolvió librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva singular a favor de Ramos Contreras y determinó que la deuda a pagar tras el embargo es de mil 043 millones 625 mil pesos, que incluyen la deuda inicial más intereses corrientes, más intereses moratorios. En ese momento fueron notificados todas las partes con las cuales Montesino Díaz y la empresa Servicios de Ingeniería Inversiones y Maquinarias SIIM SAS sostienen relaciones financieras, bancarios y contractuales. Con el fin de que no se siguieran adjudicando contratos a favor de los mismos y por obvias razones los conmina a pagar la deuda adquirida.
Curiosamente a partir de la fecha que el Juzgado decretó los embargos, el ingeniero Anuar David Montesino Díaz obtuvo nuevos contratos directamente con diferentes alcaldías y con la misma gobernación, quienes pasaron por alto dichos requerimientos judiciales y en contraste le siguieron pagando las cuentas de cobro por anteriores contratos y por los actuales.
Es así como el inhabilitado contratista y la señalada empresa fueron contratados por las alcaldías de Cereté, Sahagún, Ciénaga de Oro, Chinú, Moñitos, Puerto Escondido, la Gobernación de Córdoba y los municipios de Turbo Necoclí y Arboletes en el Urabá antioqueño. Así mismo obtuvo contratos con la gobernación de Risaralda como quien dice la notificación le abrió puertas para nuevos contratos.
Para el acreedor Ramos Contreras la situación advierte un delicado caso de presunta corrupción en la que harían parte hasta alcaldes, tesoreros municipales y muchos otros contratistas. «En el caso de Cereté donde este señor tiene contratos por más de 6 mil millones de pesos, el tesorero ha incumplido seis requerimientos por parte del Juzgado Tercero de Montería, a él le corresponde aplicar la medida de embargo y consiganr los recursos que el contratista cobre por cualquier vinculación que tenga con la administración, pero no le ha dado cumplimiento a las medidas cautelares del Juzgado y por el contrario ha venido pagándole las cuentas directamente a los contratista Anuar David Montesino Díaz, y la empresa Servicios de Ingeniería Inversiones y Maquinarias SIIM SAS», puntualizó.
Pero no solo el hecho de que algunas alcaldías le hayan adjudicado contratos al ingeniero estando embargado, ha pasado desapercibido ante las administraciones y ante los entes de control también ha pasado » de agache» el incumplimiento en la ejecución de muchos de esos contratos cuyo objetivos es la construcción de obras civiles, como en el caso de Cereté, donde através de la Resolución número 310 del 27 diciembre del 2017 cuya licitación pública fue la número 008-2017, se le adjudicó el contrato por valor 870 millones 750 mil 654 pesos, através del Consorcio CIC Las Acacias para la construcción de un centro de integración ciudadana en el barrio las Acacias de dicho municipio. El contrato debía ejecutarse en periodo de cuatro meses comprendidos desde el mes de enero hasta abril de este año, la obra presenta un retraso de cuatro meses.
Peor sucede con el contrato número 001-2018 cuyo objetivo es «la construcción de parques en los corregimientos Mateo Gomez, Retiro de los Indios y barrio Miraflóres del municipio de Cereté», cuyo valor asciende a los 4 mil millones 761 mil. 902 pesos. Dichas obras que debían entregarse en un periodo de 8 meses a partir de enero de este año ni siquiera han iniciado.
Pero los «tentáculos» para obtener contratos en la mayoría de los municipios por parte del Ingeniero se sustentan en la creación de nuevos consorcios, y presuntamente de esta forma evadir las requerimientos del Juzgado, tales consorcios son: Consorcio Caracas 2017 a través del cual contrató con la gobernación de Córdoba «la construcción de un parque de recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre en el barrio Caracas del municipio de Cereté» por un valor de 2 mil 139 millones 756 pesos. El número del contrato es el 715-2017.
Consorcio Construeléctricos 2017 a través del cual contrató con la alcaldía de Sahagún «la rehabilitación y adecuación de las instalaciones eléctricas para la Institución Educativa Nacional Conalsa y el centro educativo Las Llanadas del municipio de Sahagún» por un valor de 400 millones de pesos. Dicho contrato se dio a través de una selección abreviada de menor cuantía (12-2017).
Consorcio San José a través del cual contrató con la alcaldía de Ciénaga de Oro la construcción de un parque en el barrio San José de dicho municipio por valor de 870 millones de pesos.
Consorcio Parques 2018, Consorcio CIC Las Acacias, entre otros.
Aunque las presuntas irregularidades fueron denunciadas ante la Procuraduría Regional de Córdoba en junio de este año, hasta la fecha no se conocen resultados de las investigaciones, de hecho, según el demandante no se ha iniciado la investigación.
“Me toca denunciar en Bogotá ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía General de la República porque aquí tristemente no avanzan las denuncias, apuntó Ramos Contreras.
