La Contraloría General de la Nación a través de una carta emitida al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad señaló que su gestión en el año 2016 fue ‘desfavorable’ tras la auditoría finalizada en junio pasado acerca de los recursos asignados al departamento por el Sistema General de Participación (SGP) y del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
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Por lo menos existen tres casos de hallazgo fiscal. El más importante de estos casos es el revelado el miércoles por la Contraloría, que señaló a la administración Besaile de pagar sin soporte alguno 1.525 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana la supuesta atención de 14 pacientes de hemofilia. Gobernador Besaile mantiene silencio.
Sobre el uso de 1.892 millones de pesos, 659.258 millones, que por ley debían ser invertidos el año pasado en salud, educación (incluyendo alimentación), pensiones y agua potable y saneamiento básico, hay cuestionamientos.
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Terapias incompletas
Pero eso no es todo. Después del escándalo por el pago de terapias de neurodesarrollo sin el lleno de los requisitos por casi 10.000 millones de pesos en la administración Lyons, la Contraloría revela que también durante el 2016 -primer año de Besaile en la Gobernación- se cancelaron otros 1.194 millones de pesos a la IPS Funtierra Rehabilitación Ltda. (por servicios prestados en 2015) y con posible detrimento de 174,5 millones de pesos.
Recalca el organismo de control que dichos pagos fueron producto de fallos de tutela que ordenaban a la Secretaría de Salud, en su parte resolutiva, autorizar el tratamiento médico representado en terapia física, terapia ocupacional, terapia fonoaudiológica, terapia de integración sensoriomotriz y terapia miofuncional.
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Sin embargo, también advierte la Contraloría que no encontró en la auditoría realizada a la Gobernación de Córdoba ningún documento que especifique el estudio económico o soporte que hiciera constar una relación contractual entre la IPS Funtierrra y el gobierno seccional.
«En la factura mensual presentada por la IPS Funtierra por el servicio para los cobros de los meses de febrero, marzo y abril de 2015, se evidenció que en 175 facturas no se completó el tratamiento recomendado por el neurólogo, siendo menor el número de terapias efectuadas a los pacientes y, aun así, la Gobernación efectuó los pagos en favor de la IPS como si hubiera prestado la totalidad de los servicios facturados, lo cual era lo ordenado por el fallo de tutela», sostiene la Contraloría en el informe.
De acuerdo con lo revelado, en 175 facturas a favor de la IPS Funtierra «no se completó el tratamiento ordenado por el neurólogo» lo que habría causado un detrimento de 174,5 millones de pesos. Si se tiene en cuenta que cada sesión costó 22.500 pesos, se puede concluir que dejaron de prestarse 7.759. Aun así fueron pagadas en 2016 mediante la resolución 002 de la Secretaría de Salud.
Alumnos especiales ‘fantasma’
La Secretaría de Educación de Córdoba suscribió el 13 de octubre de 2016 el contrato 702 cuyo objeto es la atención de población con necesidades educativas especiales (NEE) de 1.860 estudiantes matriculados en 253 establecimientos educativos no certificados del departamento, a un costo de 384 millones de pesos.
Al contrastar la información, la Contraloría encontró que, al menos en 59 instituciones educativas con 541 estudiantes, los rectores «certificaron que no fue prestado el servicio y las obligaciones establecidas en el contrato» lo que significó que el 29% de los estudiantes no fueron atendidos.
«Los hechos presentados obedecen a la falta de planeación y controles internos a la prestación del servicio público educativo, supervisión de la ejecución del contrato, generando el pago de acciones no ejecutadas mayoritariemente», indica el organismo de control fiscal. Esto habría llevado a un detrimento patrimonial en cuantía de 192,5 millones de pesos
$293 millones en gastos indebidos
En el mismo listado de hallazgos de la Contraloría, el organismo revela que en 2016 se gastaron 293 millones de pesos con destinación específica para educación y salud, en expensas distintas a los autorizados por la ley.
Así las cosas, el organismo halló el contrato 184-2016 para suministrar alimentos, incluyendo menaje y logística en distintos eventos organizados o patrocinados por la Gobernación. También los contratos 534 y el 609, también del año pasado, cuyos objetos fueron los mantenimientos preventivo y correctivo del parque automotor de la Gobernación.
Otro más, el 790-2016, tuvo que ver con el mantenimiento de los aires acondicionados de distintas dependencias de la administración.
«Lo anterior obedece a deficiencias en los controles internos de la entidad y priorización del gasto para la prestación del servicio educativo en los términos señalados en las normas aplicables, lo que generó contravención de la misma presunta incidencia disciplinaria y posible alcance fiscal», advierte el informe de auditoría.
Hasta el momento el gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, no se ha pronunciado frente a los hallazgos de la Contraloría, todos relacionados con su primer año de gobierno.