Sigue la andanada de suspensiones a funcionarios públicos en Córdoba por parte de la Procuraduría General de la Nación. El turno ahora fue para la directora del hospital San Jerónimo de Montería, Isaura Hernández.
El Ministerio Público había abierto un disciplinario porque la funcionaria había modificado la planta de personal del centro asistencial en plena ley de garantías.
El ente disciplinario también investiga por el mismo hecho a los miembros de la junta directiva que aprobaron el acuerdo 06 del 17 de diciembre de 2017, pese a que estaba prohibido por la ley de garantías.
El viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés, dijo que los cambios adelantados en la planta de personal fueron irregulares por que la ley señala que cuatro meses antes de las elecciones no se pueden hacer ese tipo de procedimientos.
La ley de garantías estaba vigente desde el pasado 11 de noviembre por las elecciones a Congreso y la norma señala que ningún gobernador, alcalde, ni representantes de entidades estatales pueden celebrar convenios interadministrativos, ni modificar la planta de personal.
Isaura Hernández, quien ha sido una de las directoras más polémicas de los últimos tiempos, deberá abandonar el cargo en forma inmediata y en su reemplazo será designado un funcionario de la Gobernación de Córdoba, avalado por la nueva encargada, Sandra Devia Ruiz.
En los círculos políticos del departamento se indica que el encargo podría ser para un amigo cercano del exsenador Juan Manuel López, toda vez que la gobernadora encargada le estaría haciendo favores a la colectividad roja en esta sección del país. Sin embargo, aún se desconoce el nombre de la persona que se encargará de manejar temporalmente los destinos de un hospital que enfrenta una de las peores crisis de la historia.
La suspensión inicial será por un período de tres meses, tiempo en el cual el órgano de control verificará algunos procesos al interior del mismo.