Pese a los intentos del Gobierno Nacional por mostrar el nuevo Código de Policía como una nueva manera de modernizar las medidas correctivas y de mejorar la seguridad y la convivencia en el país continúan los señalamientos en contra.
Un año después de que empezara a regir el nuevo código, las duras críticas se mantienen. Para el caso de los congresistas Iván Cepeda, Ángela María Robledo y Alirio Uribe, citaron a una audiencia pública sobre el tema.
La audiencia que tuvo lugar en el Congreso de la Republica, tuvo la participación del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, del ministro de Interior Guillermo Rivera, así como también la de los “líderes de los sectores afectados por el código”, entre los que se cuentan vendedores ambulantes, habitantes de calle, cuidadores de personas en situación de discapacidad, gente dedicada a la prostitución y representantes de la comunidad LGBTI.
Los congresistas puntualizan que es necesario “crear una nueva Policía para el posconflicto, porque tenemos una Policía y en general una fuerza pública formada para la guerra, para un país en guerra y por eso ahí necesitamos profundas transformaciones. En eso hemos estado trabajando y seguiremos exigiendo que no haya más corrupción en la policía, que no hay más ESMAD y que no haya más personas agredidas en la calle por abuso policial”.
Cepeda, Robledo y Uribe reiteran que el nuevo Código de Policía no ha sido efectivo debido a que ha llevado al aumento de “los casos de abuso policial”, así como de ciertos delitos.
Una de las principales cosas que dicen los congresistas es que “el código nunca tuvo un enfoque preventivo, sino un enfoque de control social y represión que no se armoniza adecuadamente con los derechos humanos”.
Respecto al tema de los abusos policiales, explican que “la Policía reportó tener a septiembre de 2017 unas 9000 investigaciones disciplinarias vigentes por abuso de autoridad, incumplimiento de órdenes, agresión física, manipulación imprudente de armas de fuego entre otras iniciadas contra agentes de Policía”.
Por otra parte existen cinco temas importantes a tratar. El primero de ellos es, las demandas ante la Corte Constitucional, “muchas de las normas que en el debate dijimos que eran inconstitucionales y la Corte nos dio la razón”. Además ponen como ejemplo, “la demanda en la que logramos tumbar esa norma que pretendía llevarse a la fuerza a los habitantes de la calle”.
Luego está el tema de “traslados por protección”, el cual consiste, según el artículo 155 del código, en la facultad de los agentes de llevar a personas que “deambule en estado de indefensión o de grave alteración del estado de conciencia (…) o cuando esté involucrado en riñas” a un Centro de Protección, que, según los congresistas, son las mismas UPJ, pero con distinto nombre.
Los tres personajes señalan que estos traslados son “privaciones de la libertad, detenciones que hace la policía a la gente sin haber cometido ningún delito”.
Además agregan que entre enero y septiembre de 2017, se llevaron a cabo 5673 procedimientos de ese tipo. Por lo que, la Corte Constitucional sumó múltiples requisitos a ese proceso.
Otro de los temas que se pueden destacar es la retención de personas envueltas en riñas o “comportamientos agresivos hacia la Policía” aquí exponen que lo lograron tumbar en una de las demandas al código, sin embargo dicen que “nos habría gustado que se hubieran acabado todas esas formas de detenciones administrativas que cada vez las disfrazan más como para justificarlas al punto que no le llaman detención sino traslado por protección. En realidad, la libertad solo la debería poder limitar un juez, no la policía”.
Por otra parte, señalaron también las sanciones a los vendedores informales en espacio público y afirmaron que “el código no tuvo en cuenta los derechos de estos trabajadores, por lo que la Corte Constitucional en la sentencia C-211 de 2017 condicionó la aplicación de las sanciones establecidas para ocupación del espacio público a que cuando se trate de los vendedores no se les pueden aplicar las multas, ni el decomiso o destrucción de la mercancía, hasta tanto se les haya ofrecido por las autoridades competentes programas de reubicación”.
Los congresistas mencionan que “también se tumbó en la Corte algo que era muy grave y a lo que también nos opusimos que era la posibilidad de que la policía ingresara a un domicilio privado sin orden de un juez. El domicilio es inviolable, nadie se le puede meter a uno a la casa”.
Por ultimo concluyen que “No podemos cambiar las normas de Policía sin cambiar a quienes las aplican, o sea a la Policía. Mientras siga habiendo corrupción en la Policía y mientras no se sancione a quienes abusan de su poder, ni la mejor norma va a servir”.