Los funcionarios que envían desde Bogotá a ‘enderezar’ el destino de los cordobeses, en algunas ocasiones resultan peores que los mismos titulares de la corrupción. Ese episodio se ha repetido en los últimos años en los diferentes entes.
En los últimos días en los que el departamento de Córdoba se ha visto envuelto en grandes escándalos, llegaron desde la capital una gobernadora encargada, Sandra Devia Ruiz, y el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, pero ambos, en pocos días, han tenido su ‘metida de patas’. También lo ha hecho el director de la intervenida Comfacor, Néstor Murcia, y varios de los interventores que pasaron por el hospital San Jerónimo, así como altos dignatarios de la Fiscalía.
En la Gobernación
La politóloga y periodista Sandra Devia llegó a Córdoba en medio de un séquito de asesores del Ministerio del Interioir con el fin de ‘darle un tatequieto’ a los actos de corrupción y para reemplazar al suspendido gobernador, Edwin Besaile.
Hizo alarde de su carácter técnico, pero en pocos días analizó hojas de vida para incluir la cuota de sus copartidarios en la nómina de la administración departamental, justo el día en que entraba en vigencia la ley de garantías.
Varios funcionarios que llevaban años trabajando en la administración departamental y a los que se les había vencido el contrato, fueron reemplazados por los nuevos recomendados ante la gobernadora encargada. Entraron ocho en las últimas horas en la Secretaría de Salud y en el Plan Departamental de Aguas.
La mandataria no recibe a nadie. Hasta los secretarios de despacho tienen que anunciarse para poder hablar con ella. Sin embargo, accedió a contratar a algunos de los recomendados de una fracción del partido Liberal.
«No sé de donde han sacado los cordobeses que yo soy del partido Liberal, no soy de ningún partido, soy técnica y mi único jefe es el presidente Juan Manuel Santos», dijo la funcionaria en rueda de prensa.
En la Procuraduría
La Procuraduría no escapa a sus intenciones de participar en la ‘feria de Córdoba’. El mismo suspendido gobernador Edwin Besaile calificó la decisión del organismo como un ataque de tipo político, aduciendo que no han podido demostrarle las irregularidades que le endilgan y aún así el Ministerio Público lo suspendió y peor aún lo mencionó como participante activo del cartel del Sida.
No habían pasado varios días desde ese cuestionamiento, cuando ya el viceprocurador general, Juan Carlos Cortés, estaba adelantando el cierre de una investigación disciplinaria porque los anteriores gobernadores Edwin Besaile y Alejandro Lyons, así como los exsecretarios de Salud, Jaime Pareja y Edwin Preciado, no habían pagado unas cuentas por terapias de neurodesarrollo a la cuestionada IPS Funtierra Rehabilitación, cuya representante legal es Tania Otero.
En ese caso también hay un informe de la Contraloría en el cual advierte que varios de los pagos hechos por la Gobernación de Córdoba son irregulares porque no tienen los soportes legales y porque habría pagado terapias que no se hicieron.
En Comfacor
El capítulo de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, Comfacor, también es extenso. La Superintendencia de Subsidio designó como interventor a Néstor Murcia, el mismo funcionario que denunció el cartel del Sida en el departamento.
Algunas personas que trabajan en la entidad, las cuales pidieron reserva de sus nombres, indicaron que los nuevos funcionarios citaron a los dueños de las entidades que tuvieran relación con la salud y les indicaban que si querían contratar debían pagar entre el 20 y el 30 por ciento del valor del contrato.
Como si fuera poco califica mal a las tres IPS que manejan a por lo menos los 860 pacientes de Sida que maneja la EPS Comfaor, aduciendo irregularidades, pero al mismo tiempo contrata con una empresa sin mayor reconocimiento, ni trayectoria de Bogotá, cuya representante legal podría ser una pariente de él.
Solo denunciaron el robo de los 60 bultos de documentos del cartel del Sida hace pocos días, pese a que había ocurrido en diciembre del año anterior, justo cuando ellos tenían el control absoluto de la entidad y peor aún durante la intervención ha aumentado en un 40 por ciento el déficit fiscal, pagando jugosos contratos a los asesores que trajo del interior.
En la Fiscalía
Quedó más que demostrados que los fiscales y magistrados de las altas Cortes también probaron del pastel de la corrupción y por eso muchos de ellos están en la cárcel, así como otros a las puertas de ser extraditado como el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien logró grandes réditos para frenar las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en Córdoba.
Por un lado, los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte enfrentan problemas con la justicia por haber recibido dos mil millones de pesos, pagados por el senador Musa Besaile para que frenaran una investigación en su contra por parapolítica y por el otro, Moreno enfrenta cargos por extorsionar al exgobernador Alejandro Lyons para frenar investigaciones en su contra.
El listado en este renglón es largo. Dentro de estos cuestionados casos también está todo lo ocurrido en el marco del proceso por el crimen del entonces director de regalías de Córdoba, Jairo Zapa, el cual fue trasladado a Bogotá con el fin de garantizar la transparencia en el manejo del mismo, pero que finalmente podría tener un revés si se tienen en cuenta los errores cometidos por el fiscal designado para tal fin.
Si bien es cierto que en Córdoba se han cometido múltiples irregularidades, también lo es que en las mismas han participado personajes del interior del país. En el caso de los dineros de Odebrecht por los que está preso el senador Bernardo Elías, también se han mencionado los nombres de Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos Presidente, pero él goza de libertad.
En el caso del carrusel de la educación con el que también se defraudaron las finanzas del Fondo de Previsión del Magisterio, también participaron los ‘cachacos’, pero ninguno de ellos está preso. En fin, la mayoría de los que viene también quiere comer del pastel de la corrupción que se ha evidenciado en Córdoba.