Parece contradictorio que mientras la Procuraduría General de la Nación suspende al gobernador Edwin Besaile por haber pagado una cuenta al denominado cartel de la hemofilia, por las presuntas irregularidades que investigaba la Contraloría, ahora la misma entidad anuncie una investigación disciplinaria porque la Gobernación no ha pagado unas cuentas a Funtierra Rehabilitación, IPS, la misma que está cuestionada dentro del cartel de las terapias.
El viceprocurador general, Juan Carlos Cortés González, anunció con ‘bombos y platillos’ que evaluarán la responsabilidad disciplinaria del gobernador Edwin Besaile y del exgobernador Alejandro Lyons y de los exsecretarios José Jaime Pareja y Edwin Preciado, luego de una denuncia instaurada por la representante legal de la cuestionada IPS, Tania Otero, porque no le han pagado unas cuentas.
El representante del Ministerio Público habló del cierre de la etapa probatoria y la evaluación de la responsabilidad disciplinaria contra los antes señalados por haberse negado a pagar las terapias de neuro-rehabilitación de primer y segundo nivel de atención que no están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.
Tal y como ocurre con el cartel de la hemofilia, cuando Besaile pagó la cuenta por 1.500 millones de pesos a la IPS San José de la Sabana, pasa con Funtierra, IPS que es investigada por la Contraloría, organismo que incluso abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Tania Otero por presuntas irregularidades en el cobro de esas terapias.
Por un lado, la Contraloría dice que podrían existir irregularidades por el cobro de más de 8 mil terapias que se cobraron y no se hicieron y por la otra, la Procuraduría anuncia investigación disciplinaria porque no se han pagado esas cuentas.
Fueron notificados
El tema no es desconocido para el funcionario porque en mayo del año anterior, la Contraloría le compulsó copia de los hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría. El ente acusador envió una comisión hace tres meses con el fin de buscar toda la información relacionada con los servicios prestados desde el año 2005, mientras que la Procuraduría anuncia proceso de responsabilidad disciplinaria.
Por su parte, la Gobernación señaló en su momento que se habían abstenido de hacer los pagos teniendo en cuenta la advertencia de la Contraloría en la cual les indicaban que habían encontrado irregularidades en los anteriores porque los documentos para tramitar los pagos no tenían estudios económicos o valores unitarios que justificaran las cantidades y precios pagados.
Tampoco tenían soportes de la relación contractual para prestar el servicio y que en las facturas de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015 cobraban tratamientos que no se habían hecho, pese a la recomendación del médico neurólogo y aún así fueron pagas.
La Contraloría advirtió que los pagos irregulares hechos por la Gobernación a la IPS Funtierra ascienden a 1.345 millones de pesos.