La juez tercera penal municipal, con función de control de garantías, Nayit Alarcón, quien ordenó la medida de aseguramiento intramural contra las hermanas María Fátima y Mara Bechara Castilla, directivas de la Universidad del Sinú, será investigada.
La decisión la tomó el juez de segunda instancia, Hernando Rojas, en la audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal de Soacha, Cundinamarca, quien además de decretar la libertad de las funcionarias, recluidas en la cárcel nacional Las Mercedes de Montería, también compulsó copias para que se investigue disciplinaria y penalmente al juez de Soacha que fue el primero en conocer el caso.
De acuerdo con lo señalado por el secretario general de la Universidad del Sinú, Jorge Escobar, se anuló todo lo actuado por inconducencia en la sindicación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Explicó que la solicitud de detención no tuvo fundamento fáctico, ni jurídico y pese a ello las dos funcionarias fueron enviadas inicialmente a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, desde el pasado 26 de mayo, y luego trasladadas al penal de Montería.
Injerencia de Moreno?
Por su parte, el abogado defensor de las hermanas Bechara, Jaime Lombana, indicó que el juez no encontró ningún fundamento para mantenerlas privadas de la libertad y que para ellos es muy sospechosos que a ellas no las hayan llevado al complejo judicial de Paloquemao, sino ante un juez de Soacha.
«Yo le pido al Fiscal General de la Nación que investigue la injerencia que tuvo el fiscal Gustavo Moreno, preso y posible extraditable, en estas decisiones porque es muy extraño que las hayan mandadao a un juzgado en Soacha cuando lo que correspondería era un juez de Bogotá y no un juez al que ellos conocían al punto que el de segunda instancia lo mandó a investigar penal y disciplinariamente por prevaricato», indicó Lombana.
Dijo que el fallo de primera instancia no fue motivado en debida forma y tampoco se les permitió aportar las pruebas en la audiencia, con lo cual se habría violado el debido proceso.
La Fiscalía dijo que se había hecho la audiencia en Soacha para evitar injerencias de jueces de Córdoba y Bogotá porque varios de ellos son profesores de la Universidad del Sinú, según confirmó la fiscal 23 anticorrupción, Valesca Indira Trujillo Coronado.
El togado que atendió el recurso impetrado por las Bechara dijo que la captura fue legal, pese a que con ello se afctó su imagen y que cualquier jueces de garantías tienen competencia en toda la República, pero advirtió que la medida de aseguramiento no fue sustentada suficientemente por la jueza. «Brilla por su ausencia la motivación del juez de primera instancia lo que conlleva a la libertad de los procesados en un caso de connotación nacional», dijo el juez.