La reforma tributaria presentada por el Gobierno Petro ante la Cámara de Representantes busca recaudar $26,3 billones, de los cuales $435.800 millones provendrían de un nuevo esquema impositivo sobre bebidas alcohólicas. El proyecto propone elevar el IVA de rones y aguardientes del 5% al 19%, además de ajustar el impuesto al consumo, lo que dispararía el precio final de productos emblemáticos como el Aguardiente Antioqueño. Según Esteban Ramos Maya, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una botella de 750 ml pasaría de pagar $17.500 en impuestos a $33.300, lo que elevaría su precio de mercado de $40.000 a más de $65.000.
Este incremento afecta directamente a las licoreras regionales, que son fuente clave de ingresos para los departamentos. En Antioquia, por ejemplo, los recursos generados por la FLA financian programas de salud, educación y cultura. Ramos Maya advierte que la reforma “incentivaría el contrabando y el licor adulterado”, al sacar del mercado a las empresas formales y empujar a los consumidores hacia opciones más económicas y riesgosas. La Industria Licorera de Caldas también alertó que el nuevo modelo impositivo “sería devastador” para el sector, al combinar IVA y consumo en niveles que vuelven insostenible la operación.
El impacto no solo golpea a las grandes fábricas, sino también a medianas y pequeñas distribuidoras, bares, gastrobares y tiendas de barrio, que verían reducida la demanda por el alza de precios. Luz María González, directiva de Dislicores, señaló que “la reforma representa una amenaza estructural para la industria formal y el consumidor”, en un mercado altamente sensible al precio. En zonas populares, donde el licor es parte del tejido cultural y económico, el encarecimiento podría desplazar el consumo hacia productos ilegales, con consecuencias para la salud pública y la seguridad.