Las cifras de Medicina Legal revelan que 2024 fue el año más violento en Colombia en los últimos siete años, con un total de 29.290 muertes violentas. Esta estadística incluye homicidios, suicidios, accidentes de tránsito y muertes accidentales, pero el capítulo más alarmante es el de los homicidios: solo en 2024 se registraron 13.917 asesinatos. El eslogan del gobierno Petro “Colombia, potencia mundial de la vida” contrasta con una realidad marcada por masacres, asesinatos de líderes sociales y emboscadas a la Fuerza Pública.
Según el informe del Cinep, en 2024 fueron asesinados 452 líderes sociales, una cifra que mantiene a Colombia como uno de los países más peligrosos para el liderazgo comunitario. Las comunidades indígenas también han sido blanco de violencia sistemática, aunque los datos específicos sobre víctimas indígenas no han sido desglosados por el gobierno. A esto se suma el drama del desplazamiento forzado: aunque no hay una cifra oficial consolidada para 2024, organizaciones como Codhes y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre el aumento de desplazamientos masivos en regiones como Chocó, Cauca y Nariño, donde grupos armados disputan control territorial en medio del proyecto de “Paz Total”.
Uno de los episodios más crudos fue la masacre de siete militares en Guaviare, emboscados por disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá. Este grupo, paradójicamente, hace parte del diálogo promovido por el gobierno Petro. Entre enero y julio de 2025, ya se han registrado 8.353 homicidios, incluyendo el asesinato de 97 integrantes de la Fuerza Pública, lo que representa un aumento del 149% frente al mismo periodo de 2024. La violencia no da tregua, y los resultados de la “Paz Total” siguen bajo fuego.
Mientras el gobierno insiste en que está construyendo una Colombia más justa, las cifras lo contradicen. El aumento sostenido de muertes violentas, el asesinato de líderes sociales y el desplazamiento de comunidades vulnerables exigen respuestas más allá del discurso.