La guerra volvió al sur de Bolívar como un eco que nadie quiso escuchar. Más de 1.000 personas han sido desplazadas y cerca de 5.000 permanecen confinadas en el municipio de Arenal, atrapadas entre las balas del ELN y el Clan del Golfo, que se disputan el control de la minería ilegal como si las vidas fueran fichas de ajedrez. La Procuraduría denunció restricciones de movilidad, despojo de bienes y la instalación de minas antipersonales, mientras las comunidades claman por comida, seguridad y algo que se parezca a paz.
La orden del ELN de desalojar veredas como San Agustín y Santo Domingo desató el éxodo. Familias enteras huyeron con lo puesto, mientras el presidente Gustavo Petro ordenaba al Ejército “copar el territorio” y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificaba los hechos como delitos de lesa humanidad. Pero en los albergues improvisados, la pregunta sigue flotando como pólvora en el aire: ¿de qué sirve la presencia militar si el hambre, el miedo y las minas siguen marcando el paso?.
La Defensoría del Pueblo alertó que los grupos armados buscan aislar y desabastecer a la población para consolidar su dominio criminal. Mientras tanto, los niños juegan en parques convertidos en refugios, y los adultos repiten una frase que duele más que las balas: “Aquí no hay paz, hay silencio armado”. La Alcaldía de Arenal y la Gobernación de Bolívar han pedido ayuda urgente, pero el Estado parece llegar tarde, otra vez.
En medio del caos, el ELN y el Clan del Golfo siguen enfrentándose con drones explosivos, minas y amenazas. El Ejército reportó la muerte de un guerrillero y la incautación de armas, pero la población civil sigue siendo la más golpeada. Porque mientras en Bogotá se habla de paz total, en Arenal la paz es un lujo que nadie puede pagar.