La Agencia Nacional de Tierras (ANT) abrió procesos administrativos contra dos predios del presidente del Congreso, Lidio García Turbay, ubicados en Mahates, Bolívar. Se trata de las fincas El Limón y Guayabal, que según la entidad podrían ser tierras baldías ocupadas de forma irregular. Las resoluciones fueron expedidas el 3 de septiembre, justo un día después de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, lo que ha encendido suspicacias en el Capitolio.
El procedimiento busca clarificar el origen jurídico de los terrenos, que no cuentan con títulos suficientes ni área definida en el certificado de tradición. La ANT, bajo la dirección de Felipe Harman, sostiene que estas propiedades podrían pertenecer al Estado y estar siendo explotadas sin respaldo legal. El caso de García se suma a una lista de congresistas señalados por presunto acaparamiento, en lo que Harman calificó como “una mancha que salpica a un tercio del Congreso”.
La investigación se enmarca en el Sistema Nacional de Reforma Agraria reactivado por el Gobierno Petro, que busca recuperar tierras para adjudicarlas a campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas. La ANT ya notificó al congresista y a terceros interesados, y ordenó la publicación de las resoluciones en medios locales para garantizar la participación de posibles afectados.
En medio de tensiones políticas y decisiones judiciales clave, el caso de Lidio García pone en evidencia el choque entre el poder legislativo y la política agraria del Ejecutivo. ¿Es esta una cruzada por la legalidad o una jugada estratégica para debilitar el Congreso? Lo cierto es que la tierra, una vez más, se convierte en campo de batalla.