Un juzgado administrativo en Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las acusaciones que lanzó contra el fiscal Mario Andrés Burgos, quien estuvo al frente del caso de su hijo Nicolás Petro y de la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El fallo, emitido este viernes, concluye que los señalamientos del mandatario, al vincular a Burgos con una supuesta “junta del narcotráfico”, carecen de pruebas y ponen en riesgo derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y la dignidad del funcionario.
La decisión judicial advierte que las declaraciones del presidente superaron los límites de la libertad de expresión en el marco del debate público, pues no se trató de simples opiniones, sino de afirmaciones sin sustento que pueden generar un daño real. Según el juzgado, estas manifestaciones se dieron en un contexto de conflicto de intereses, ya que fue el propio fiscal Burgos quien ordenó la captura y acusó a Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Por esa razón, el tribunal dispuso que Petro deberá retractarse de manera inmediata y reconocer que sus palabras no cuentan con respaldo judicial ni probatorio. Desde la defensa del fiscal Burgos recalcaron que el presidente tiene la obligación constitucional de acatar la decisión, recordando que el respeto por los fallos judiciales fortalece el Estado de Derecho y garantiza la independencia de las instituciones en Colombia.