Alias “Tianz”, el menor de edad implicado en el atentado que terminó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay, fue condenado a siete años de sanción en un centro especializado para adolescentes. La decisión del juez se basó en el régimen especial del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que contempla penas más benévolas que el sistema ordinario.
Expertos como Alejandro Peláez y Saúl León explicaron que, dependiendo del comportamiento del menor, su proceso de resocialización y factores de seguridad, el juez encargado de vigilar la sanción podría autorizar beneficios como medidas intermitentes o incluso no privativas de la libertad. Esto significa que, si el joven demuestra buena conducta y compromiso educativo, podría recuperar su libertad antes de cumplir los siete años.
La ley colombiana busca garantizar la resocialización de los adolescentes infractores, priorizando su reintegración social sobre el castigo. En este caso, el menor aceptó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas antes de que Uribe falleciera, lo que permitió una rebaja legal en la pena. Además, colaboró con la justicia, lo que fue considerado por el juez como atenuante.
El objetivo del régimen especial es evitar que los menores sean tratados como adultos sin considerar su etapa de desarrollo. Sin embargo, esta flexibilidad ha generado controversia: familiares de la víctima y juristas como Francisco Barbosa advierten que la ley actual incentiva el uso de menores por parte de estructuras criminales, al ofrecerles penas reducidas y expectativas de impunidad.