Un juez especializado en responsabilidad penal para adolescentes condenó a siete años de privación de libertad al menor de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en Bogotá. El joven, conocido como alias «Tianz», fue aprehendido minutos después del ataque, mientras intentaba huir en una moto contratada por aplicación. La víctima falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses en cuidados intensivos.
La condena, dictada este 27 de agosto, se sustenta en los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos y colaboró con la Fiscalía, entregando información clave sobre la logística del crimen y los autores intelectuales, entre ellos alias «El Costeño» y «Gabriela», quienes habrían coordinado el ataque y suministrado el arma, una pistola Glock 9 milímetros. La investigación reveló que el joven habría recibido instrucciones sin conocer plenamente la identidad de su víctima, por una suma de 20 millones de pesos que nunca llegó a recibir.
Actualmente, el menor permanece bajo custodia en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, a la espera de ser trasladado a un centro especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se implementarán planes de resocialización. La condena representa la primera decisión judicial en el caso del magnicidio, que involucra a seis personas más y ha generado conmoción nacional por el uso de adolescentes en crímenes de alto impacto político.
Este hecho no solo enluta a la familia Uribe Turbay, sino que también reabre el debate sobre el reclutamiento de menores por estructuras criminales, la seguridad de líderes políticos y la urgencia de fortalecer los programas de prevención en zonas vulnerables. ¿Cómo blindar a la juventud frente a redes de violencia? ¿Qué responsabilidad institucional existe en estos vacíos? Las respuestas aún están por escribirse.