El Gobierno de Gustavo Petro salió a desmentir las acusaciones sobre un supuesto exceso en los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022. El encargado de dar la versión oficial fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que nunca se superaron los límites legales y defendió la gestión de Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol y entonces gerente de campaña.
La controversia surgió después de que los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaran una ponencia en la que señalan que la campaña habría sobrepasado los topes en más de 3.500 millones de pesos. De ser aprobada en sala plena, la propuesta incluiría sanciones para Roa, la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora María Lucy Soto, por supuestas irregularidades tanto en la primera como en la segunda vuelta.
Desde la oposición, figuras como el concejal Daniel Briceño y la precandidata Vicky Dávila pidieron sanciones que podrían implicar pérdida de investidura. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no hubo violación de las normas y que se trata de un señalamiento sin sustento, dejando el desenlace en manos de la decisión que tome el CNE en los próximos días.