El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, sorprendió al pedir asilo político en Nicaragua el pasado 10 de junio de 2025. La solicitud la presentó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, asegurando que era víctima de “persecución política, judicial y mediática” en Colombia, y que su vida estaba en riesgo. González se presentó como un líder de izquierda con trayectoria revolucionaria y cercano al presidente Gustavo Petro, con quien compartió militancia en el M-19.
Lo llamativo del caso es que, mientras González argumenta ser perseguido por su relación con el actual gobierno, el propio presidente Petro fue quien solicitó su extradición. La justicia colombiana lo requiere por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), donde está imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Según las investigaciones, habría sido uno de los principales responsables de un millonario entramado de sobornos para favorecer intereses de la Casa de Nariño en el Congreso.
La Cancillería de Colombia respondió de inmediato, dejando claro que el asilo no puede ser usado como excusa para evadir responsabilidades judiciales. Pese a eso, Nicaragua negó la extradición y le concedió protección. González, que no pudo estar en el entierro de su madre por encontrarse fuera del país, asegura que los procesos en su contra carecen de pruebas y obedecen a motivaciones políticas.