La noche del jueves, el municipio de La Plata, Huila, volvió a ser epicentro del miedo. Hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda en el barrio San Isidro, donde funciona una miscelánea. Aunque no hubo víctimas, el estruendo sacudió a toda la comunidad y dejó daños materiales en la fachada del inmueble. Las autoridades llegaron al lugar para iniciar investigaciones, pero la pregunta que se repite es: ¿quién controla realmente el orden público en el occidente del Huila?.
Este ataque se convierte en el cuarto atentado registrado en Colombia en menos de 24 horas. A la explosión en La Plata se suman el atentado con carro bomba en Cali, el derribo de un helicóptero policial en Amalfi (Antioquia) y la reciente detonación de un artefacto explosivo en pleno centro de Florencia, Caquetá, a una cuadra de la Alcaldía. Una seguidilla de hechos violentos que contradicen el discurso oficial de “paz total” y evidencian el descontrol territorial en varias regiones del país.
Lo más irónico es que apenas el fin de semana anterior, el ministro de Defensa y altos mandos militares encabezaron un consejo de seguridad en La Plata para anunciar medidas de protección. Hoy, tras el nuevo atentado, el mensaje que queda es claro: el Estado llegó tarde, mal y sin blindaje real para la población.
Mientras las disidencias de las FARC y otros grupos armados imponen su ley en zonas como Huila y Caquetá, el gobierno de Petro sigue apostando por una narrativa de reconciliación que no se traduce en seguridad. ¿Cuántos atentados más necesita Colombia para que el presidente deje de hablar de paz y empiece a garantizarla?.