La acusación del director de la DEA, Terry Cole, contra el régimen de Nicolás Maduro por colaborar con las guerrillas colombianas ELN y FARC para enviar “cantidades récord” de cocaína a Estados Unidos ha encendido las alarmas en toda la región. Cole calificó a Venezuela como un “estado narcoterrorista” que opera en alianza con los carteles mexicanos y grupos armados colombianos, en una red que, según Washington, está matando a cientos de miles de estadounidenses.
Como respuesta, el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de tres buques de guerra con más de 4.500 efectivos hacia el Caribe, en lo que se considera una operación militar sin precedentes desde la invasión a Panamá. La Casa Blanca advirtió que está dispuesta a usar “todo su poder” para frenar el flujo de drogas, señalando directamente a Maduro como líder del Cartel de los Soles.
Las implicaciones para Colombia son profundas. Si el ELN y las disidencias de las FARC están involucradas en esta red transnacional, como afirma la DEA, el gobierno de Gustavo Petro podría enfrentar presiones internacionales para tomar una postura más firme.
De hecho, Petro ya advirtió que una invasión a Venezuela “convertiría al país en otra Siria” y arrastraría a Colombia a un conflicto regional. Su cercanía ideológica con Caracas y su política de paz total podrían quedar en entredicho si se confirma que grupos armados colombianos operan bajo protección venezolana.
La operación militar estadounidense no solo busca frenar el narcotráfico, sino también enviar un mensaje político: la región está bajo vigilancia. Y si Colombia no toma distancia clara de los actores involucrados, podría quedar atrapada en el fuego cruzado. ¿Será Petro capaz de navegar esta tormenta sin comprometer su agenda de paz ni su posición internacional?