La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el congresista David Racero Mayorca, del Pacto Histórico, por el presunto delito de concusión. El caso gira en torno a denuncias que señalan que Racero habría exigido parte del salario a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), además de haberlos involucrado en actividades relacionadas con un negocio personal de frutas y verduras.
La Sala de Instrucción del alto tribunal, liderada por el magistrado José Fernando Reyes, ordenó la práctica de pruebas documentales, testimoniales y registros de comunicaciones entre Racero y sus colaboradores. Entre las evidencias figuran consignaciones bancarias, chats y órdenes que habrían desviado funciones legislativas hacia tareas privadas.
La investigación formal fue anunciada el 21 de agosto de 2025, aunque el caso ya venía siendo objeto de indagaciones preliminares desde mayo del mismo año, cuando la Fiscalía abrió un expediente por presuntas irregularidades en contratación pública que favorecían a un familiar del congresista.
El delito de concusión implica que un servidor público exige pagos indebidos aprovechando su cargo. En este caso, se busca esclarecer si Racero utilizó su posición para obtener beneficios económicos personales, violando la ley y los principios de la función pública.
El objetivo del proceso judicial es determinar si Racero incurrió en faltas penales o disciplinarias que ameriten sanciones, incluida la posible pérdida de investidura. También se pretende establecer si hubo uso indebido de recursos públicos y abuso de poder en el manejo de su equipo legislativo. El congresista ha negado las acusaciones públicamente, calificándolas como falsas y asegurando que está dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.