Tras semanas de especulación y señalamientos mediáticos, el presidente Gustavo Petro anunció que solicitará al Gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD. La decisión se produce luego de que se revelara que González obtuvo residencia en ese país con el respaldo de la Embajada de Colombia en Managua, hecho que el mandatario niega haber autorizado.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, escribió Petro en su cuenta de X. El presidente también reiteró que ni él ni la excanciller Laura Sarabia avalaron gestiones diplomáticas para facilitar la permanencia de González en Nicaragua. Sin embargo, documentos oficiales revelan que la solicitud de renovación de residencia fue tramitada por funcionarios colombianos el mismo día en que la Fiscalía imputó cargos al exfuncionario.
La controversia ha escalado rápidamente, con críticas desde distintos sectores políticos que acusan al Gobierno de haber encubierto a González antes de reaccionar públicamente. Petro, en respuesta a la exalcaldesa Claudia López, defendió su postura y señaló que el exdirector del DAPRE pertenecía al partido de López, insinuando que las responsabilidades políticas no recaen exclusivamente sobre su administración.
Aunque Nicaragua no tiene tratado de extradición vigente con Colombia, la solicitud presidencial marca un giro en la narrativa oficial. La Fiscalía continúa el proceso judicial contra González, señalado por delitos como cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación. Mientras tanto, el país observa cómo un caso que comenzó con silencio diplomático se transforma en una batalla por recuperar credibilidad institucional.