El escándalo por el desvío de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se amplía con fuerza. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para investigar penalmente a 11 altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno Petro, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y los exministros Gloria Ramírez, Diego Guevara y Mauricio Lizcano. La decisión se da tras evidencias que apuntan a una red de corrupción que habría direccionado contratos y entregado sobornos a congresistas para facilitar reformas gubernamentales.
El caso estalló por la compra irregular de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, operación que costó más de 46.800 millones de pesos y terminó en sobrecostos y vehículos inservibles. Según testimonios de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, varios de los implicados participaron en un “cónclave” a finales de 2023 donde se habrían pactado acuerdos con congresistas para asegurar apoyos políticos. La Corte definió el esquema como una “negociación criminal” entre miembros del Ejecutivo y parlamentarios de distintos partidos.
Dos alfiles del presidente Petro, Sandra Ortiz y Olmedo López, se encuentran prófugos, mientras crece la expectativa por la identidad del llamado “jefe supremo” mencionado en las declaraciones. Aunque no se ha confirmado oficialmente, el término ha generado especulaciones sobre quién dio las órdenes finales en la cadena de corrupción. La Fiscalía deberá determinar si hubo participación directa desde el más alto nivel del gobierno.
Este escándalo afecta directamente al pueblo colombiano, no solo por el desvío de recursos destinados a atender emergencias, sino por el debilitamiento institucional que genera. La confianza en el manejo de fondos públicos y en los procesos de contratación queda en entredicho, mientras se espera que la justicia avance con celeridad y transparencia. El caso UNGRD podría convertirse en el mayor golpe político y judicial del actual gobierno.