Cuatro días después de ser condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió su primera visita oficial de el también exmandatario Andrés Pastrana que llegó hasta su finca ubicada en Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, donde Uribe cumple su condena.
La visita, confirmada por ambos en redes sociales, incluyó un saludo protocolario y una conversación sobre “temas de actualidad”. Pastrana expresó su solidaridad y cuestionó el fallo judicial: “A la señora juez se le fue la mano”, escribió. Aunque el encuentro fue privado, la imagen divulgada por Uribe reavivó el debate sobre los beneficios que rodean su detención: ¿puede recibir visitas sin restricción? ¿Hay horarios definidos como en cualquier recluso? ¿Quién controla el acceso a la finca?
Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) no ha oficializado el protocolo de visitas ni ha confirmado si se instalará vigilancia permanente en la residencia del exmandatario. Tampoco se ha informado si figuras públicas como Pastrana deben registrarse o si existe un límite de frecuencia para los encuentros. La ausencia de claridad genera inquietudes sobre el cumplimiento efectivo de la medida y el trato diferencial frente a otros condenados.
¿Podrá Uribe seguir ejerciendo liderazgo político desde su finca? ¿Las visitas de aliados serán parte de una estrategia de rearticulación partidista? ¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que la pena se cumpla sin privilegios? Mientras el Tribunal Superior de Bogotá estudia la apelación y la tutela interpuesta por su defensa, el país observa cómo se configura una nueva narrativa: la finca como centro de poder, y la casa por cárcel como escenario de influencia.