Este 1 de agosto, a las 2:00 p. m., la jueza Sandra Liliana Heredia anunciará la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, declarado culpable en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La Fiscalía solicitó una pena de 108 meses de prisión equivalente a nueve años y una multa de 1.625 salarios mínimos legales vigentes. Aunque por edad y tipo de delitos podría acceder a prisión domiciliaria, el fallo marcará un precedente sin igual: es la primera vez que un exmandatario colombiano enfrenta una condena penal.
El caso, que comenzó en 2012 tras una denuncia del propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, derivó en una investigación por presunta manipulación de testigos. La jueza concluyó que Uribe no solo conocía el entramado judicial que buscaba favorecerlo, sino que fue su instigador directo. El abogado Diego Cadena, señalado como operador del plan, habría actuado bajo instrucciones del expresidente, según el fallo.
La defensa, encabezada por Jaime Granados, anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si es necesario, acudirá a la Corte Suprema de Justicia. El plazo para radicar la apelación vence el 11 de agosto, y el proceso podría precluir el 15 de octubre por vencimiento de términos. Mientras tanto, sectores afines al Centro Democrático han convocado movilizaciones en respaldo a Uribe, en medio de un ambiente político polarizado.
Más allá del ámbito judicial, el impacto reputacional y electoral es innegable. A menos de un año de las elecciones legislativas, el fallo podría debilitar la imagen del uribismo y abrir la puerta a nuevas investigaciones. Analistas advierten que esta condena no solo valida denuncias históricas, sino que podría redefinir el mapa político colombiano en los próximos meses.