La reciente decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una tormenta política en el país. Para muchos de sus seguidores, este fallo no se basa en evidencias sólidas ni en garantías procesales, sino que responde a una presión ideológica de sectores de izquierda que buscan deslegitimar la figura del líder que enfrentó a las FARC y trajo seguridad a millones de colombianos.
Durante su gobierno, Uribe impulsó la política de seguridad democrática, redujo los secuestros en más del 90 % y logró que el país recuperara su rumbo en medio del caos. Hoy, quienes lo apoyan consideran que este proceso judicial es más bien una revancha política disfrazada de justicia, orquestada por quienes nunca aceptaron sus decisiones ni sus resultados.
Mientras la justicia avanza en las instancias legales, la calle ya tomó partido. Para muchos ciudadanos, lo que se está viendo no es un juicio justo, sino un ajuste de cuentas político. El uribismo sigue vivo, y no se quedará callado ante lo que consideran un ataque directo al hombre que marcó un antes y un después en la historia reciente del país.