En un giro que sacude el tablero político y judicial del país, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente garantizar la seguridad de la jueza Sandra Heredia, quien declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal. “En un gobierno democrático los jueces no se presionan, se protegen en su libertad”, escribió el mandatario en X, en medio de una tormenta de reacciones que van desde el respaldo institucional hasta la furia partidista.
La solicitud de protección no es simbólica: la Unidad Nacional de Protección confirmó que Heredia ya contaba con medidas desde febrero, pero evalúa reforzarlas tras el fallo histórico. Corjusticia, la Corporación de Jueces y Magistrados, también exigió garantías para la jueza y llamó a respetar su independencia frente a presiones mediáticas y políticas. El fallo, que podría derivar en prisión domiciliaria para Uribe, marca un precedente sin igual en la historia judicial colombiana.
Heredia, jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, validó pruebas clave como interceptaciones telefónicas y grabaciones con reloj espía, desestimando la tesis de la defensa sobre ilegalidad y sesgo político. En su lectura, afirmó que “la justicia no se arrodilla frente al poder”, frase que ya circula como consigna entre sectores que celebran la decisión como un acto de autonomía judicial.