La jueza Sandra Heredia condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndolo en el primer exmandatario colombiano en recibir una sentencia penal. La Fiscalía solicitó una pena de 108 meses de prisión (9 años) y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes por el soborno, además de 600 salarios mínimos por el fraude procesal. La defensa apelará el fallo, pero el veredicto ya marca un hito jurídico y político.
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema reorientó la investigación hacia el expresidente, al encontrar indicios de que habría promovido la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, a través de su abogado Diego Cadena. La jueza consideró probado que Cadena actuó como intermediario en una estrategia para alterar el curso de la justicia, bajo instigación directa de Uribe.
Durante el juicio, se validaron interceptaciones, grabaciones y testimonios que revelan un entramado de presiones y ofrecimientos a exparamilitares encarcelados. La jueza calificó a Uribe como “el hombre más poderoso del país” y a Cadena como un “abogánster” que ejecutó una operación para proteger al verdadero instigador. La Fiscalía argumentó que el uso del poder político para manipular testigos agrava la responsabilidad penal del acusado.
La audiencia de lectura de sentencia está programada para el 1ro de agosto, y aunque Uribe podría recibir prisión domiciliaria por edad, el proceso judicial continúa en segunda instancia. El país observa con atención un juicio que no solo pone a prueba la independencia judicial, sino que también reconfigura el relato sobre quién puede ser juzgado en Colombia y bajo qué condiciones.