Pollo Aranna Barbacoa, establecimiento comercial ubicado en la cra 7 #60-17 del barrio La Castellana, enfrenta una prolongada disputa administrativa y legal tras denuncias anónimas de vecinos por presuntos perjuicios ocasionados por su actividad de asados y parrillas al carbón. En noviembre de 2023, la Corporación Autónoma Regional (CVS) realizó una visita técnica que derivó en recomendaciones y requerimientos ambientales, para los cuales dio un plazo de 60 días. Los propietarios, asesorados por el abogado Juan Carlos Burgos y la ingeniera ambiental Lissy Carolina Pacheco, cumplieron con las adecuaciones físicas exigidas, incluyendo la construcción de una nueva chimenea conforme a las resoluciones 760 y 2153 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A pesar del cumplimiento con estas normativas y la presentación oportuna de los informes requeridos, la CVS no cerró la investigación administrativa y en junio de 2025 impuso cargos contra Pollo Aranna, manteniendo un procedimiento pendiente que amenaza la actividad comercial. De forma paralela, la Secretaría de Planeación Municipal de Montería, mediante la Inspección Primera Urbana de Policía, inició un proceso verbal abreviado por supuestas infracciones relacionadas con el retiro de carpas en el local y la habilitación del uso de suelo. Aunque Pollo Aranna cuenta con la licencia de uso de suelo vigente antes de su traslado a la actual dirección, la inspección municipal requiere que los propietarios del inmueble tramiten y paguen la licencia de construcción correspondiente, lo que ha generado una controversia legal sobre las responsabilidades administrativas.
En una audiencia realizada por la Inspección Urbana Primera, el abogado Burgos solicitó la nulidad del proceso por no haber sido vinculados los propietarios del inmueble, solicitud que fue rechazada y posteriormente la inspección suspendió definitivamente la actividad del establecimiento según la resolución 0114 de 2025. Este conflicto ha puesto en riesgo el sustento de más de 24 familias directamente vinculadas al negocio, motivando la intervención de varias entidades como la Procuraduría en asuntos ambientales, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para garantizar la transparencia y legalidad del proceso.
Un elemento crítico en este caso es la sospecha de un posible conflicto de intereses dentro de la CVS, pues se ha denunciado públicamente la existencia de un vínculo familiar entre el secretario general Rafael Otero Flores y la abogada María Fernanda Otero Soto, quien lleva la investigación contra Pollo Aranna. De confirmarse, esta relación implicaría una causal de impedimento forzoso que podría deslegitimar el proceder administrativo y la investigación de un sesgo político o administrativo en contra del establecimiento.
Este caso ejemplifica las tensiones que pueden surgir entre la actividad comercial y los derechos de la comunidad, enmarcadas en la regulación ambiental y urbanística colombiana, específicamente la Ley 338 de 1997 modificada por la Ley 1989 de 1991 sobre uso de suelo, así como las resoluciones ministeriales sobre buenas prácticas ambientales.